Entre las dos opciones que la Constitución da al Congreso para el caso de la presentación de un Gabinete – dar o negar el voto de confianza– nuestros parlamentarios parecen haber encontrado una criolla tercera posibilidad: abstenerse. Después de todo, la Constitución manda al Gabinete presentarse ante el Congreso para pedir su confianza en los 30 días siguientes a su nombramiento; pero no especifica un número de días para que el Congreso le niegue o le dé esta confianza. Y por la puerta de ese vacío legal se están colando nuestros congresistas paralizando al Ejecutivo.
Esta tercera opción es astuta: presiona al Ejecutivo para lograr concesiones a la oposición –que se ha vuelto mayoría–, sin exponerse a recibir el contragolpe que sí conlleva una negación de confianza (como se sabe, luego de denegada la confianza a dos consejos de ministros el presidente puede constitucionalmente disolver el Congreso y llamar a elecciones para uno nuevo). No está claro, sin embargo, que, además de astuta, esta opción sea coherente con el espíritu de la Constitución. Nuestra Carta Magna parece haber querido que el Congreso pueda despachar a un Gabinete una sola vez pagando el precio de quedarse sin armas para la próxima; lo que es diferente a mantenerlo en vilo sin pagar precio alguno. En otras palabras: la Constitución da al Congreso un poder con un contrapeso y nuestro Congreso está logrando quedarse solo con el poder.
El problema acá, sin embargo, no es solo la discusión acerca de si el Congreso tiene o no la libertad constitucional que se está tomando (asunto que eventualmente tendrá que saldarse con una disposición de desarrollo constitucional), sino si es que la está ejerciendo de modo responsable o no. Y a nosotros nos parece que la respuesta, en lo que toca a los principales puntos que la oposición quiere negociar, es no. Y lo decimos pese a todas las críticas que tenemos que hacerle – y que, de hecho, constantemente le hacemos– a este gobierno.
Ciertamente, supone una irresponsabilidad mayúscula por parte de los fujimoristas y el Apra pedir que el gobierno termine la huelga en el sector Salud cuando la única forma de hacerlo sería ceder a la demandas de los (pocos) médicos que la mantienen. Ello significaría ir en contra de una de las principales reformas empujadas por el Ejecutivo: la que permitirá introducir elementos meritocráticos en las escalas salariales del sector Salud y asociaciones público-privadas en lo que toca a la gestión y la infraestructura de sus servicios. Lo que, de paso, sirve para mostrar qué tan poco auténticas son las convicciones que estos dos partidos dicen tener en cuanto a cómo se logra la eficiencia.
También es poco serio de parte del PPC exigir la partida de Castilla. Un ministro que ha podido hacer – e impedir– mucho más para evitar la desaceleración que hoy vivimos pero que, pese a todo, es – junto con el presidente del BCR– la principal garantía para la inversión de que el país no volverá a los descalabrados manejos económicos que no hace tanto el presidente proponía retomar.
Por otro lado, si el tema sigue siendo el estilo de la llamada pareja presidencial, eso tendría que haber sido contrarrestado por el nombramiento de Ana Jara, que ha tocado todas las puertas de las bancadas en el Congreso y que ha mostrado tener métodos muy dialogantes y democráticos.
Por lo demás, si simplemente se trata de hacer oposición a un gobierno poco popular conforme se acercan las elecciones de octubre, pues este no es un camino responsable para ello.
Sí es cierto que el ministro Urresti no genera confianza alguna con sus números inverosímiles y su ausencia, al menos hasta la fecha, de un verdadero plan contra la desenfrenada delincuencia que ataca al país. Pero no parece realista esperar que el gobierno ceda a su ministro (por ahora) más popular.
La buena noticia es que en los pedidos de las muchas oposiciones hoy presentes en nuestro atomizado Congreso existen suficientes cosas accesorias como para poder conseguir con relativa facilidad los tres votos más que necesita el gobierno. Claro, es verdad que al mismo tiempo es una mala noticia que haya partidos que estén dispuestos a generar toda la incertidumbre que supone al país el tener un Gabinete en vilo cuando la economía parece haber tenido su primera contracción en muchos años, pero ese no es un asunto que pueda resolverse junto con esta crisis ministerial.