Editorial: Benítez y (muchos) otros como él

Este domingo “Panorama” difundió un video en el que se observa al congresista Heriberto Benítez conversando con Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez –hoy prófugos ambos– en la fiesta de celebración del aniversario del estudio de Orellana en el 2010. Como se recordará, Orellana es hoy acusado por la fiscalía de liderar la organización de lavados de activos más grande del país. Jiménez, en tanto, es sindicado de haber sido parte clave de esta organización, para la que, entre otras cosas, dirigía la revista “Juez Justo”, en la que se amedrentaba a los opositores de Orellana. 

Hasta hace un tiempo, Benítez decía conocer solo muy remotamente a Orellana, a quien hoy llama “mafioso”. Esta supuesta distancia ya era inverosímil desde que se supo que el legislador presidió durante un año y medio la ONG que Orellana creó en el 2009 con la declarada intención de combatir el lavado de activos y con el real propósito –según parece deducirse de la lista de personas a las que esta ONG cuestionaba o denunciaba– de complementar la labor de intimidación de “Juez Justo”. 

“Se está tratando de ligarme –ha dicho Benítez– como si yo fuera parte de una organización criminal”. Ello, sin embargo, no es cierto. En realidad, se lo acusa de ser parte de dos organizaciones criminales. La otra es la que dirigía en Áncash el hoy preso –por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir– ex presidente regional César Álvarez. Como se sabe, el congresista intentó impedir el ingreso de los fiscales que allanaron la ya famosa “Centralita”, desde donde se planeaban las acciones contra los rivales de Álvarez (y en cuyo tercer piso vivía Benítez). De hecho –según lo ha denunciado la Procuraduría Anticorrupción–, las organizaciones criminales de Álvarez y Orellana estaban vinculadas por medio de Benítez, quien habría abastecido a Álvarez de información que Orellana captaba vía interceptaciones telefónicas. 

El principal problema del Caso Benítez, desde luego, no es tanto que se trate de una autoridad elegida, sino el que se trate de una autoridad al parecer representativa de lo que son nuestras autoridades elegidas (o al menos de un número demasiado grande de ellas). Sin ir más lejos, ayer, en la misma página en la que dábamos cuenta de las imágenes de Benítez y Orellana, informábamos que la Comisión de Fiscalización del Congreso tiene pendientes alrededor de 5.000 denuncias de presuntas irregularidades y corrupción, la mayoría de las cuales implican a los gobiernos regionales (de cuyos 25 presidentes 3 están hoy detenidos, 1 tiene orden de comparecencia y 1 está prófugo) y locales (de los 1.800 gobiernos municipales que tenemos –según el presidente de esta comisión–, “la gran mayoría está con serios problemas de denuncias de irregularidades”). Significativamente, por lo demás, el resto de la aludida página de nuestra edición de ayer trataba de las contradicciones en las que ha incurrido el congresista José León, ex vocero de Perú Posible, al deslindar de ‘Lic’ Torres, el narcotraficante al que le alquilaba su casa de Trujillo, pese a que quien figuraba en el contrato como arrendataria era la empleada de limpieza de Torres (lo que permitió al congresista León negar, inicialmente, que conocía a este último). Según la Policía Antidrogas, en diez ocasiones León visitó la casa mientras esta se encontraba en posesión de Torres.

Naturalmente, la manera abrumadora en que tanto el crimen organizado como el ocasional ha tomado enormes porciones de nuestra política no se debe a algún accidente. Está más bien muy relacionada con otra noticia recientemente confirmada: la pésima posición del Perú en la categoría de “instituciones” del ránking de competitividad global. Más allá de la labor heroica de algunos jueces, fiscales y policías honestos, no es por coincidencia que un importante número de los sospechosos y aun acusados en estas tramas criminales pertenezca al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía. Por otro lado, un asunto que también se vincula directamente con la profusión de candidatos y representantes-hampones es el de la ausencia de verdaderos partidos políticos que puedan funcionar a la vez como el primer y más cercano filtro de las diferentes candidaturas –de modo que estas dejen de ser en su gran mayoría loterías entre caudillos desconocidos– y responder en las urnas (y legalmente, a la manera colombiana) por las conductas de sus autoridades elegidas. 

No seremos nosotros quienes subestimemos la importancia de las reformas económicas que el país tiene por delante, pero está claro que mientras no se emprenda la reforma de las instituciones estatales y políticas el desarrollo seguirá siendo para el Perú un objetivo improbable.