Editorial El Comercio

Para quienes pensaban que la presidencia de llegaría inevitablemente a su final –de un modo u otro– antes de fin de año, las últimas semanas han sido una dosis intensa de realismo político.

Así, mientras el mandatario continuaba con normalidad su rutina de cambio de ministros, victimización y encubrimiento, la oposición en el Congreso fallaba en encontrar una fórmula que permita su salida ordenada y constitucional del poder. Cualquier procedimiento en ese sentido, advierten ya los propios opositores con una mezcla de apatía y tranquilidad, podría tardar varios meses y quizá nunca se materialice.

Si a cualquiera le quedaban dudas de la protección de la que aún goza el presidente Castillo desde el Legislativo, debería ser suficiente ver el resultado del intento de censura al ministro del Interior, . Como se sabe, el viernes pasado la oposición del Congreso no consiguió encontrar los 66 votos necesarios para forzar la salida de Huerta. Con apenas 55 votos a favor de la censura, 38 en contra, 10 abstenciones y 26 sin registro de voto –una cifra realmente escandalosa–, el mensaje que llegó a las puertas de Palacio de Gobierno fue claro: no hay apetito por ejercer control político real de parte de los parlamentarios.

Las causas que justificaban la censura de Huerta estaban más que claras, tal y como lo expresamos desde este Diario el día del debate de la moción en el hemiciclo. El ministro realizó cambios sin explicación entre los altos mandos de la policía, incluyendo al comandante general, al jefe del Estado Mayor y al inspector general, en momentos en los que el cerco se estrecha alrededor del presidente Castillo. Además, Huerta permitió –si es que no promovió– el retiro del coronel Harvey Colchado, líder del grupo de la PNP que viene prestándole apoyo al equipo especial de fiscales que investiga presuntos actos de corrupción en el entorno más cercano del mandatario, de la jefatura de la División de Búsquedas de Personas de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), un hecho subsanado posteriormente, cuando el escándalo desatado por dicha decisión era ya insoslayable. De lo que no queda duda es de que el ministro Huerta ha sido instrumental para los aparentes intentos del presidente de interferir con la labor de la justicia y, por lo mismo, merecía ser censurado.

El hecho de que no se haya conseguido ni siquiera 60 votos para tal fin, en realidad, dice más sobre el posicionamiento político de la mayoría de congresistas que sobre los méritos o deméritos de Huerta. Aparte de las bancadas más cercanas al oficialismo, cuyo voto era previsible, Acción Popular y Podemos Perú terminaron por inclinar la balanza en contra de la censura. Congresistas sindicados como parte del grupo de ‘Los Niños’ votaron en contra de la moción presentada por Avanza País o se abstuvieron. Y ni qué decir de aquellos que se ausentaron de la sesión.

La historia, sin embargo, no ha acabado. Este miércoles 28 se vería la reconsideración de la votación de la moción de censura contra Huerta. El Congreso tiene entonces otra oportunidad para demostrar que ningún acuerdo de gobernabilidad con el presidente Castillo puede incluir impunidad para la manipulación de las fuerzas del orden.

Si, por otro lado, el Ejecutivo recibe el mensaje de que transgresiones groseras a la institucionalidad policial son toleradas, no hay forma de saber hasta dónde se puede llegar. Más allá de cálculos políticos, y conscientes de que la remoción de un ministro no soluciona el problema de fondo –que hoy está en Palacio de Gobierno–, el Congreso tiene que hacer el trabajo que le fue encomendado. Esto es, evitar que el Ejecutivo exceda sus competencias para beneficio propio y dañe el tejido institucional de la nación. Pero si casos tan flagrantes como los de Huerta son pasados por agua tibia, el presidente y su entorno podrán dormir tranquilos mientras planean y emprenden el siguiente atropello.

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