Editorial: Bloqueando el bloqueo

No es novedad constatar que los presos, en nuestro país, gozan de ciertas gollerías. Los reclusos de algunas cárceles no solo tienen acceso a la comunicación por telefonía celular, también, sorprendentemente, disfrutan de televisión por cable, como quedó demostrado en un informe propalado hace unos días por “América Noticias”.

Ante el destape del continuo uso de celulares de contrabando, la respuesta del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, fue, inicialmente, argüir que las imágenes del reportaje televisivo correspondían a fechas entre 2013 y 2014. Sin embargo, “América Noticias” reveló que ello no era cierto, pues en las imágenes que mostraban a los internos del penal de Lurigancho comprando recargas para sus celulares se apreciaba también un televisor con una muy reciente entrevista a Mario Vargas Llosa.

Con ello quedó en evidencia que el jefe del INPE no tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo en el centro penitenciario en cuestión. De hecho, dicha institución ordenó después de ello una nueva requisa, y se encontraron 13 celulares, 14 chips, 9 cargadores y 12 baterías.

Tampoco es un descubrimiento que muchas extorsiones y planes criminales se realizan o gestan desde los penales usando para ello teléfonos móviles. Frente a esto, ya en el año 2003, la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) proponía implementar bloqueadores de celulares en las prisiones. 

No obstante, la desidia, la ausencia de voluntad política o, cuando menos, la burocracia, en estos últimos años, han servido de cómplices perfectos para el crimen. Recién nueve años después, en el 2012, se comenzó –y vía iniciativa privada– la licitación para la instalación de bloqueadores y tuvieron que pasar dos años y medio más para que finalmente se adjudicara la buena pro al consorcio Prisontec. Estamos en el quinto mes del 2016 y el proceso para contar efectivamente con estas herramientas continúa dilatándose.

Según el cronograma del contrato firmado, para octubre del 2015 se debía contar con bloqueadores instalados en 16 de los 33 penales, y culminar con los faltantes en octubre del 2016. Sin embargo, según se conoce hasta el momento, los sistemas de bloqueo solo están instalados y operativos, oficialmente, en dos penales, los de Cañete y Huaral. En los penales de El Milagro, en Trujillo, y Picsi, en Chiclayo, no se pueden instalar los bloqueadores, debido a que habría un cruce con los equipos que anteriormente había implementado la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Según explica Augusto Fernández, gerente de Prisontec, la empresa no ha podido continuar con el proceso de instalación, pues el Ministerio de Justicia –del cual depende el INPE– no ha aprobado los estudios técnicos remitidos para proceder. Así, de 19 estudios presentados, que representa el mismo número de prisiones, solo 12 han sido aprobados.

Mientras que el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dice que en siete penales recién se están instalando “a prueba” los equipos de bloqueo y que se “están afinando algunos detalles”, el jefe del INPE traslada la responsabilidad por la demora a la contratista, la cual “entró en penalidad”, según sus palabras. 

Los afinamientos y las penalidades, sin embargo, no generan tranquilidad en la población ni permiten reducir el 95% de las extorsiones que provienen de las cárceles según cifras de la policía.

Este problema, por supuesto, no es exclusivo del Perú. La diferencia con otros países, no obstante, es la velocidad y capacidad de respuesta de las autoridades. Una vez superados los largos retrasos, si acaso, y se logren instalar todos los bloqueadores, ¿cómo confiar en la capacidad de las autoridades para impedir que se vulneren los sistemas de bloqueo, cuando hoy dejan pasar decenas de celulares, baterías y cargadores?

Las prisiones, antes que centros de reclusión y resocialización, vienen funcionando lamentablemente como centros de comando del crimen organizado. Y esta situación no parece explicarse únicamente por fallas aisladas ni solucionarse con meros afinamientos. La impresión que nos están dando las autoridades es que la indolencia o la falta de capacidad política son los verdaderos bloqueadores a la solución de un grave problema que debió atenderse hace mucho tiempo.