Editorial: Bloqueo al bloqueo

En más de una ocasión hemos comentado en esta página acerca de la pésima señal que la actitud vacilante del Gobierno ha proyectado durante varios pasajes de la prolongada huelga de maestros.

En un primer momento, por ejemplo, se indicó que, por razones presupuestales, el piso salarial para los docentes contratados por el Estado recién aumentaría en el 2018. Semanas después, sin embargo, se anunció el incremento para diciembre de este año… y luego para noviembre. Un día, los titulares de Educación e Interior se mostraban firmes en conducir el diálogo con los gremios de profesores institucionalmente reconocidos y que no iban a negociar con quienes habían sido asociados “al vandalismo o a la violación de la ley”; y al siguiente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski invitaba a Palacio de Gobierno a los “delegados de las distintas regiones del país” y, poco después, se firmaba un acta de acuerdos con quien había sido denunciado por delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública (Ernesto Meza Tica). La huelga fue declarada ilegal en más de una región, pero los descuentos salariales para los profesores que no asistían a clases luego de ello no se hacían efectivos, sino recién hasta hace unos días, cuando las negociaciones llegaron a un punto muerto.

Por ello, es positivo que el Gobierno haya resuelto –finalmente, al parecer– que no torcerá más el brazo y que las evaluaciones de desempeño de docentes –que algunos líderes sindicales pretendían cancelar o suspender– no eran negociables. Esta política pública, además, cuenta con el apoyo mayoritario de la población. El 85% de los peruanos están de acuerdo con que los profesores deban rendir dicha evaluación, según una reciente encuesta de GfK.

Ante la pérdida de legitimidad de la medida de fuerza, algunos profesores han optado por retornar a las aulas (según el Ministerio de Educación, hasta el miércoles más del 50% de los docentes del país habían vuelto a sus escuelas). Otros tantos, en cambio, han decidido que las conquistas obtenidas (que incluyen incrementos salariales, pago de la llamada deuda social, mayor inversión en el sector, entre otras) no son suficientes, y han decidido “ir por más”, radicalizando su protesta.

Las acciones emprendidas por este segundo grupo durante la última semana han sido bastante elocuentes. Los manifestantes que se concentraban en el Centro de Lima y que organizaban marchas o plantones en los alrededores de las instituciones públicas vinculadas con la materia de sus reclamos (como el Congreso de la República y el Ministerio de Educación) han empezado a virar su atención hacia otros puntos de la ciudad. El último miércoles, por ejemplo, bloquearon tramos de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Carretera Central, dificultando el tránsito de quienes usaban estas vías durante el feriado. Y anteayer hicieron lo mismo en la avenida Javier Prado, a sabiendas de que era un paso obligado para quienes se desplazaban al estadio donde iba a jugar la selección peruana de fútbol.

Gracias a estas maniobras, la lista de afectados por la huelga crece aun más. A los millones de escolares que perdieron y continúan perdiendo clases, habrá que sumar los trabajadores, comerciantes y ciudadanos en general que se ven perjudicados por la obstrucción de pistas y carreteras y la toma de infraestructura de uso público. Con ello, quienes organizan estos bloqueos envían al país dos mensajes sonoros y poco sutiles: que necesitan seguir llamando la atención del público y que si no hay solución, todos sufrirán las consecuencias.

Por ello, ante las nuevas maniobras de quienes con el chantaje y la violencia han terminado por deslegitimar cualquier tipo de reivindicación para el sector magisterial, corresponde que el Estado y la ciudadanía se unan en exigir el respeto a la ley. Pues a quienes ponen piedras a la educación y al desarrollo del país, solo cabe cerrarles el paso.