Editorial: Bomba de tiempo

El jueves informamos cómo, una vez más, alrededor de cien ambulantes habían invadido cada cuadra de la principal zona comercial de Gamarra a lo largo de nueve manzanas. Como este Diario pudo observar, los ambulantes –a vista y paciencia de las autoridades– han tomado las veredas y ambos lados de la vía y desde allí ofrecen todo tipo de productos e incluso venden comida al paso a los transeúntes. La situación no es solo un dolor de cabeza para los comerciantes formales que venden sus productos en dicho espacio, sino que pone en peligro a miles de personas todos los días: para Defensa Civil, los comerciantes informales se encontrarían bloqueando las dos únicas vías de evacuación del emporio. La pregunta que entonces cae de madura es: ¿Por qué las diversas autoridades continúan permitiendo esta situación?

Gamarra, lamentablemente, no es el único lugar donde el comercio ambulatorio viene floreciendo. En noviembre del 2011 (es decir, hace casi tres años), la alcaldesa Susana Villarán fue muy enfática al señalar que no daría marcha atrás hasta terminar con el mismo. La firmeza de aquel entonces, sin embargo, se fue relativizando con el pasar de los días. A pesar de su inicial determinación, en sus años de gestión el número de ambulantes en el Cercado siguió creciendo y la municipalidad prefirió cambiar su discurso por uno mucho más “tolerante” con la actividad ambulatoria. Inclusive el gerente de Fiscalización y Control de la comuna llegó a justificar el comercio ambulatorio, pues señaló que el problema eran los ciudadanos y no las autoridades encargadas de fiscalizar esta actividad: “La gente está acostumbrada a comprar al paso”, dijo el gerente. Posteriormente, el teniente alcalde de la municipalidad salió con una justificación aún más creativa y precisó que había que “entender al comercio ambulatorio como una necesidad social” y que la situación de las invasiones de la vía pública se estaba “evaluando”. El problema con el que había que terminar se transformó por alguna extraña razón –quizá conveniencia electoral– en una necesidad de la población. Y así han pasado los años.

Si bien la gestión de Villarán se encuentra en la recta final, esta administración y las de las autoridades locales de los distritos donde se desarrolla actividad ambulatoria deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata y no bajar la guardia en su deber de proteger la integridad de todos los limeños. Después de todo, cada día que pasa podría ser el día de una tragedia. Y de esas en nuestro país ya hemos tenido suficientes. Todos recordamos lo ocurrido en el mercado de Mesa Redonda en el 2001, cuando murieron 277 personas debido a las precarias condiciones en las que se operaba y debido también a que no se respetaron las normas de Defensa Civil. 

El peligro, por lo demás, es particularmente alto ahora que se acerca la campaña navideña, y es fundamental que un lugar sobre todo tan concurrido como Gamarra (donde solo de manera formal trabajan más de 60 mil personas y donde durante las fiestas acuden alrededor de 150 mil personas por día) no se encuentre expuesto a los peligros que el comercio ambulatorio trae consigo. Se trata, en fin, de una potencial bomba de tiempo. 

Una de las acciones que deben tomar ahora mismo la Municipalidad Metropolitana de Lima y los diferentes municipios distritales en ese sentido es lo que exitosamente hizo el alcalde Alberto Andrade durante su gestión: coordinar de manera efectiva y permanente con la Policía Nacional y Defensa Civil para que se tomen medidas urgentes para el desalojo de los vendedores ambulantes y, sobre todo, no permitir su regreso.

El electo alcalde Luis Castañeda y los electos alcaldes distritales, por su parte, deben también darse cuenta de que mantener la ciudad libre de ambulantes debe ser una prioridad. A nuestra capital le costó mucho luchar contra el comercio ambulatorio y es lamentable ver cómo poco a poco volvemos a perder esta batalla donde está en juego la seguridad de los limeños.