:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NGDED2VXCZFV7PXXV6OYF7CHMA.jpg)
La madrugada del 2 de abril, el Porsche en el que viajaba Gerald Oropeza fue emboscado en San Miguel. Dos granadas y más de 25 balas de diferente calibre cayeron sobre el lujoso automóvil, y aunque su dueño y una de las personas que lo acompañaban huyeron del lugar y los otros dos pasajeros del vehículo también sobrevivieron, lo aparatoso del atentado y sus eventuales conexiones políticas han concitado una gran atención pública.
La policía maneja la hipótesis de que el ataque fue un ajuste de cuentas entre distintas bandas por el control del envío de droga al extranjero desde el puerto del Callao. No obstante, las revelaciones que se han ido conociendo tras el incidente plantean interrogantes incómodas a propósito de las relaciones entre algunos de los implicados y el Partido Aprista, que deben ser esclarecidas para tranquilidad del propio PAP y de toda la ciudadanía.
La reacción de la dirigencia de Alfonso Ugarte ante esta situación, sin embargo, ha consistido simplemente en exigir el retiro del nombre del sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico del padrón de afiliados del partido, lo cual puede ser una medida necesaria, pero, bajo ningún criterio, suficiente para despejar las sombras que este asunto arroja en torno a la referida organización política.
Alan García, primero, y Javier Velásquez Quesquén, después, han abordado en efecto el problema desde esa perspectiva y esencialmente han intentado minimizar la militancia aprista de Oropeza. “Una cosa es el que participa diariamente en la vida del partido [...] y otra cosa es el que se inscribe por tradición familiar. Pero en todo caso, fuera del partido un tipo que tiene un auto Porsche que no sabe explicar, que se hace de una casa que no sabe cómo se la hizo de otros delincuentes” [sic], dijo el ex presidente. Mientras que el congresista lambayecano apuntó: “Nunca fue al partido, no hizo una vida partidaria ni lo conocemos; solo se inscribió por tradición familiar”, al tiempo de informar que el PAP había solicitado ya al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retirar al personaje en cuestión de su padrón de afiliados.
Como decíamos, sin embargo, semejante supresión no hace que se desvanezca también el problema político que supone para el partido de la estrella el hecho de que algunos de sus militantes aparezcan otra vez asociados a un presunto delito que, de alguna manera, evoca lo que probablemente fue el mayor paso en falso de Alan García durante su segundo gobierno: el trato indulgente de su administración hacia un número importante de reos condenados por narcotráfico.
Lo que llama la atención es la relación de Oropeza con Miguel Facundo Chinguel, ex funcionario aprista que fue presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante la pasada administración. Como se sabe, hoy Chinguel está con prisión preventiva y la fiscalía pide para él 17 años, bajo la acusación de haber liderado una organización que, a cambio del pago de sobornos, facilitó el otorgamiento de indultos o conmutaciones de pena a narcos de distinto calibre.
Lo curioso, concretamente, consiste en que Chinguel fue abogado de la familia Oropeza, y la representó tras el asesinato del padre del investigado, el dirigente aprista Américo Oropeza. Además, en abril del 2011, a través de una empresa que formó junto a su esposa, luego de su paso por la Comisión de Gracias Presidenciales, Chinguel compró acciones en tres empresas vinculadas a la familia Oropeza, por 80 mil soles pero cuyo valor se calcula en mucho más.
Resulta fundamental, además, esclarecer cómo Oropeza fija su domicilio en una residencia incautada al ex empresario televisivo José Enrique Crousillat, quien, coincidentemente, fue beneficiado por una cuestionada decisión de la comisión presidida por Chinguel en el 2009. La mansión, con más de 40 ambientes y tres mil metros cuadrados, se encuentra bajo custodia de la Comisión Nacional de Bienes Incautados; sin embargo, eso no fue impedimento para que –tras una sucesión de cambios de posesionarios– Oropeza lograse registrarla como su domicilio ante el Reniec en marzo último.
En lugar de solo suprimir el nombre de sus registros, entonces, el Apra debería más bien tratar de explicar cuál fue la red de influencias y tolerancias que, presuntamente asistido por Chinguel, Oropeza pudiera haber tejido en el Estado Peruano a partir del gobierno pasado. El borrón puede ser un acto simbólico de limpieza, pero para que exista una cuenta nueva hacen falta precisiones que por el momento nadie parece dispuesto a dar.
