Editorial: Bosques ignorados

Algunas personas piensan que el Perú es un país agrícola por la cantidad de personas dedicadas a esta actividad. Otras, que es un país minero por el peso económico de este sector. Y algunas más que es un país turístico, por el gran número de importantes reliquias históricas que nuestra nación alberga. Sin embargo, si observáramos el territorio peruano tendríamos que concluir que el Perú, realmente, es un país forestal. Y es que el 60% de nuestro territorio se encuentra cubierto por bosques.

“El Perú, país forestal” podría ser mucho más que un bonito potencial eslogan. La importancia económica, ecológica y social de nuestros bosques les permitiría –si se creasen las condiciones para su explotación sostenible– convertirse en una tremenda palanca para impulsar el desarrollo del Perú, especialmente en varias de las zonas más pobres del país. Quizá por esta razón el ministro de Agricultura, con buen tino, anunció el 27 de julio una serie de medidas para promover este sector (aunque da bastante pena que el presidente Ollanta Humala las haya pasado completamente por alto en su discurso del día siguiente, ignorando las dimensiones de su importancia).

Nuestro país es el segundo con mayor potencial forestal de la región después de Brasil. Gozamos de madera de gran calidad lista para ser cosechada y transformada. No obstante, teniendo la mesa servida decidimos casi ni tocarla. De las 17 millones de hectáreas con aptitud forestal con las que contamos, menos de dos millones se encuentran en producción real. Además, de las más de 600 concesiones forestales existentes operan menos de 100 y desde el 2004 casi no se han entregado nuevas concesiones, fundamentalmente por falta de voluntad política y por la mala regulación existente. Este desperdicio de nuestros recursos ha llevado a que nuestra producción en el sector sea escuálida: mientras que en Chile que no tiene un centímetro de Amazonía el sector maderero exporta productos por unos US$5.700 millones, nosotros no alcanzamos los US$150 millones.

En el camino, además, perdemos la oportunidad de crear miles de puestos de trabajo para personas que no hayan tenido la oportunidad de tener una formación. Es decir, dejamos de emplear a miles de personas en situación de pobreza por pura ineptitud burocrática.

Por supuesto, la explotación de madera no es el único provecho económico que permitirían las concesiones forestales bien diseñadas ni el único mercado en el que posibilitarían la creación de empleos y fuentes adicionales de ingresos para las comunidades nativas. Ellas también podrían diseñarse para utilizar el bosque como fuente de plantas medicinales y aromáticas, de frutas, de resinas, de ceras, para el ecoturismo o hasta para la industria de bonos de carbono. Pero todas estas oportunidades pasan enfrente de las narices de un Estado aletargado que impide su aprovechamiento.

No haber logrado concesionar la mayor parte de nuestro territorio también tiene consecuencias ecológicas muy graves. Primero, el bosque no tiene quién lo cuide, a diferencia de lo que sucede cuando existe un concesionario interesado en proteger sus recursos y obligado por contrato a explotarlos de forma sostenible. Así, el sistema existente facilita la entrada de la agricultura migratoria, que avanza quemando bosques para plantar en el suelo o para que paste su ganado y que según el Instituto Nacional de Recursos Naturales es responsable del 80% de la deforestación en el Perú. Y, de la misma forma, se le hace más sencillo el ingreso a la depredadora minería ilegal. La deforestación que causan estas actividades ilícitas, además, genera desertificación y con ello afecta la disponibilidad de agua para consumo humano, industria, agricultura y generación de energía.

Encima de lo anterior, como los bosques no concesionados en la práctica son tierra de nadie, estos se convierten en el albergue perfecto para el narcotráfico, el terrorismo y otras actividades ilegales, aumentando con ello los enormes problemas de inseguridad que ya tiene nuestro país.

Esperamos con expectativa las nuevas medidas que adoptará el Ministerio de Agricultura y el lanzamiento el 15 de agosto del Servicio Nacional Forestal que, según el ministro, permitirán atraer inversiones para el sector de 10% a 20% en el primer año. A lo mejor y estas reformas, pasadas por alto en el discurso del presidente, terminan siendo de las más importantes de su mandato.