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La teoría del desarrollo económico tiene distintas explicaciones respecto de por qué existen naciones pobres y naciones ricas, países en los que la cultura parece favorecer cierta estabilidad que fomenta el crecimiento y países en los que no. Una de las hipótesis que más tracción ha ganado en la última década es la que argumenta que, históricamente, la falta de instituciones sólidas, en combinación con la posibilidad de obtener recursos a partir de sistemas extractivos, explica que desde épocas coloniales países como Estados Unidos y Canadá hayan podido dar saltos significativos hacia el desarrollo económico, mientras que naciones como el Perú y Bolivia han quedado relativamente rezagadas en esta carrera de largo aliento.
Los defensores de la teoría estarían interesados en saber que esta, al parecer, no solo se aplica a nivel de naciones, sino también de regiones dentro del país. Este parece ser el caso, por lo menos, de regiones como Cajamarca, Áncash y, más recientemente, Apurímac. Según información de El Comercio del lunes pasado, esta última región habría visto crecer de manera desmedida sus niveles de corrupción y criminalidad a partir de las expectativas, e ingresos, que ha generado el enorme proyecto minero Las Bambas.
Así, las millonarias sumas que han entrado a las arcas públicas debido a adelantos del canon minero a las provincias de Cotabambas y Grau, por ejemplo, han venido de la mano con hechos violentos que la región no había visto antes. En las últimas semanas, siete de los nueve consejeros regionales de Apurímac denunciaron amenazas de muerte, y uno sufrió un atentado. Esta semana, además, se cumple un mes del asesinato del ex alcalde del distrito de Mara (Cotabambas), Alberto Roque Cconislla, y dos semanas del atentado contra una emisora de radio y TV de Andahuaylas en un presunto intento de amedrentamiento.
La historia parece no ser nueva. Las regiones que han experimentado incrementos significativos en su presupuesto público sin, a la par, mejorar sus instituciones han sido presa fácil de mafias organizadas que confunden los recursos públicos para mejorar la provisión de servicios con un botín.
Allí está el caso de Áncash. En esta región, según Perucámaras, entre el 2009 y el 2014 las transferencias por canon minero sumaron S/.5.132 millones; el equivalente a S/.3.200 por familia ancashina por año. Esta enorme suma, sin embargo, no se tradujo en grandes proyectos de infraestructura, ni en mejoras educativas, ni en remozados hospitales. Más bien, la red criminal presuntamente encabezada por el ex presidente regional César Álvarez estuvo involucrada en casos de corrupción, espionaje y asesinato orientados a mantener una estructura de poder que le permitiese saquear el cuantioso botín público a manos llenas.
En el caso de Cajamarca, además de dejar a su región en un largo letargo económico debido a su oposición a la inversión privada (y pese a haber recibido enormes transferencias a partir del canon), Gregorio Santos –hoy en prisión preventiva– ha sido acusado de irregularidades en el proceso de selección y ejecución de proyectos de inversión del gobierno regional por más de S/.130 millones, entre otros delitos.
Y es que, como ha señalado antes este Diario, la mezcla de abundancia de recursos con la escasez de controles institucionales es una peligrosa receta para un desastre en la gestión pública: los incentivos para los criminales que buscan acceder al poder político para llenarse los bolsillos son muchos, la capacidad de fiscalización es poca, y la precariedad de los partidos que deben presentar candidatos y equipos de trabajo íntegros es absoluta.
No debe sorprender, entonces, lo que viene pasando en Apurímac. De hecho, analizado bajo esta óptica, sería excepcional que no sucediese. Y es que Las Bambas será un proyecto minero que traerá miles de millones de soles para la región, pero finalmente depende del nivel de institucionalidad que se alcance desde los gobiernos regionales y locales lo que determinará cuánta de esta riqueza se traducirá en mejoras en la calidad de vida de la población, y cuánta será caldo de cultivo para una nueva banda de delincuentes que secuestre a la región por los próximos años.
