Editorial: Buscando exploradores

Hace algunas semanas nos enteramos de una mala noticia para la minería peruana: el año pasado la inversión en exploración minera cayó un 26% respecto al 2012, descendió de US$1.026 millones a US$760 millones. 

Ha sido también hace poco que se publicaron los resultados de la encuesta que elabora cada año el Instituto Fraser con la finalidad de medir qué tan atractivos son algunos países y ciudades para, precisamente, la inversión en exploración minera. Según esta encuesta (efectuada entre setiembre y diciembre del año pasado), nuestro país tiene bastante por mejorar. Si bien actualmente ocupa el puesto 56 de 112 en el ránking general, en la categoría del “potencial minero” (que mide qué tan atractivo sería un país si las regulaciones fuesen óptimas y no existiese riesgo político) se sitúa en el puesto 19.

¿Por qué nuestra riqueza geológica no atrae a los inversionistas con mayor fuerza? De la publicación del Instituto Fraser se desprende que uno de los elementos es la inestabilidad política, considerada nada menos que por el 49% de los encuestados como un factor que desincentiva su inversión en algún grado. Esto debe ser tomado como un llamado de atención para un gobierno que ha permitido que más de una autoridad regional y provincial incentive el caos y la violencia contra los proyectos mineros. Fue el caso de Conga, que cumplía con todos los requisitos legales y contaba con todos los permisos necesarios, y que fue saboteado por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, bajo acusaciones que luego se probaron falsas. Y también, por solo dar un ejemplo más, sucedió lo propio en Espinar, donde la extrema violencia a la que se llegó en las protestas en contra de la minera Xtrata Tintaya (encabezadas por el alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca) dejó cuatro muertos. Fue también allí que se incendió el local de la fundación de la minera, se secuestró al fiscal y se usaron vehículos municipales para el transporte de bombas molotov.

Otro factor que desincentiva la inversión en alguna medida es, según el 63% de los encuestados, la inseguridad. Así, cuando el ministro Walter Albán nos asegura que nos espera un tiempo de alta criminalidad, o cuando el Ejecutivo no actúa con el liderazgo que se necesita para combatir la delincuencia, no solo nos dice a todos los peruanos que deberemos seguir viviendo con miedo, sino que le sugiere a los inversionistas que, por ahora, quizá no sea el mejor momento de apostar por nuestro país.

A esto se le suman problemas que también son pan de cada día para todos los empresarios: las barreras regulatorias. La incertidumbre sobre las regulaciones ambientales y las duplicidades regulatorias e inconsistencias de las normas representan algún tipo de desincentivo a la inversión para el 45% y 51% de los encuestados, respectivamente. Hacen lo propio las barreras al comercio, según el 35% de los entrevistados. Otros elementos que no permiten que aprovechemos todo nuestro potencial geológico son nuestros rígidos regímenes tributario y laboral, que respectivamente desalientan la inversión en alguna medida en el 39% y 62% de los casos.

Viendo todo lo anterior, no nos debería extrañar que Chile (que se encuentra, dicho sea de paso, 26 puestos por encima de nosotros en el ránking general de la encuesta del Instituto Fraser) tenga una cartera de proyectos mineros para los próximos siete años que duplica la nuestra. Más bien, debería preocuparnos que luego de Toromocho, Las Bambas, Constancia y la ampliación de Cerro Verde no tengamos ninguna gran inversión minera a la vista. De lo que se trata, entonces, es de hacer los cambios necesarios para lograr que una industria que, actualmente, compra el 15% de lo producido por la industria nacional, que es responsable de un tercio de lo que recibe el Estado por Impuesto a la Renta, y que alimenta a 2,5 millones de peruanos (considerando a los trabajadores directos o indirectos y a sus familias) siga creciendo. Es culpa del Estado, a fin de cuentas, que tanta riqueza se quede, literalmente, enterrada.