Editorial: Buscando una familia

El domingo, una nota de nuestro periodista Martín Acosta narró el caso de María, una mujer que alquiló su vientre a una pareja de españoles a cambio de 15 mil dólares. El recién nacido se registró con documentos falsos bajo los apellidos de las personas que habían contratado a María, quienes unas semanas después se lo llevaron con ellos a Madrid. Acosta también encontró que recurrir a esta práctica  no resulta tan complicado en nuestro país, pues decenas de peruanas ofrecen su vientre en alquiler  a través de Internet por montos que oscilan entre S/.40 mil y S/.70 mil, más el pago de los gatos médicos y de una pensión durante el embarazo.

El alquiler de vientre, por cierto, no es una práctica ilegal en el Perú. No solo no existe ninguna norma que lo prohíba expresamente, sino que hace ya casi dos años la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió el primer caso judicial sobre este tema en el país, aceptando la práctica y declarando su legalidad. Dicho proceso trató sobre una pareja que había acordado con otra una fecundación asistida y una posterior adopción a cambio de una suma de dinero (no se trataba de un caso de registro irregular como en el caso citado de la pareja española). La bebe, efectivamente, fue entregada a los 9 días de nacida, pero  la madre biológica se arrepintió del acuerdo y demandó que el padre biológico y la madre adoptiva se la devolviesen. El Poder Judicial decidió que la niña debía quedarse con estos últimos señores y, de esta forma, reconoció que el alquiler de vientre se encontraba permitido en el Perú.

La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin embargo, estaría buscando limitar esta práctica. En declaraciones a este Diario, la señora Carmen Omonte señaló que su cartera lidera una comisión para regular la maternidad subrogada y que su posición es que debe ser permitida “siempre que no sea con fines de lucro, es decir, cuando una hermana u otra persona lo puede hacer para favorecer a una pareja”.

La Ministra, sin embargo, no parece estar siendo consciente de cómo esta prohibición de celebrar contratos de alquiler de vientre con fines de lucro podría afectar las posibilidades de muchos peruanos de formar su propia familia. Actualmente, alrededor de 1,2 millones de parejas peruanas tienen problemas para concebir, según un estudio de la clínica de fertilidad ‘Procrear’. Para un buen número de ellas, la maternidad subrogada puede ser la única alternativa posible para tener un hijo que sea biológicamente suyo o, por lo menos, del padre. Y probablemente solo en la minoría de casos encontrarán a alguien que lo haga de manera gratuita y desinteresada. ¿Por qué cerrarles una vía que les permitiría construir una familia?

Quizá a la ministra le preocupa que los casos de maternidad subrogada terminen como el de María, donde se utilizan procedimientos irregulares para que las parejas que alquilan el vientre  se queden con el niño. Pero, si esa es la preocupación, bastaría con facilitar los procedimientos de adopción de los niños para que esta práctica pueda llevarse a cabo de manera legal.

Ahora, tal vez el reparo de la ministra sea uno de carácter moral. Después de todo, hay personas a las que no les parece ético que una mujer conciba un hijo para luego entregárselo a otros a cambio de dinero. Si bien esta es una posición personal respetable, habría que recordar que el gobierno no existe para imponer por la fuerza las convicciones morales de unos sobre otros. De lo contrario, ¿por qué no prohibir a todos los ciudadanos, por ejemplo, las transfusiones de sangre que para algunos grupos religiosos constituyen una inmoralidad? Si no hay daño al derecho de ningún tercero, las personas deben poder contratar libremente.

Por eso, si esta es la razón que guía la iniciativa de la Ministra, esperemos que la misma fracase. Después de todo, en una sociedad democrática donde todos debemos ser tratados como iguales, tenemos que aprender a vivir respetando las distintas concepciones de la moralidad que tiene cada grupo y no pretender establecer prohibiciones que coincidan con la ética de los gobernantes. Más aún, cuando dichas prohibiciones pueden terminar con las posibilidades de millones de peruanos de tener hijos y formar su familia.