Editorial: Cambio en el equipo

Entre las múltiples deficiencias del Estado que el reciente conflicto en Islay evidenció, una de las más importantes ha sido la relativa a la incapacidad de la Policía Nacional de ejercer su función de disuasión y contención de los revoltosos a cabalidad. Los efectivos que debieron lidiar con los manifestantes antimineros sufrieron retrasos en la entrega de sus viáticos, así como carencias asociadas a la alimentación, al albergue y a la atención médica disponible.

Pero la circunstancia de que el saldo de los enfrentamientos haya sido para esa institución el de un policía muerto y 166 heridos habla, asimismo, de problemas derivados de un equipamiento inadecuado. Según propio testimonio, los custodios enviados al lugar tuvieron que encarar, en más de una ocasión, a los manifestantes con escudos rotos y municiones de gas lacrimógeno expiradas. Muy pocos, además, dispusieron de máscaras para protegerse del gas; y algunos ni siquiera de un casco.

La indefensión de nuestros policías, lamentablemente, es en parte consecuencia de la reducida capacidad de aquellos que administran los recursos a su disposición. Si bien durante los últimos cuatro años el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado al Ministerio del Interior ha mejorado considerablemente (alcanzó el 78% para el ejercicio fiscal del 2014), el mayor gasto no se ha traducido en consecuentes mejoras para los efectivos a la hora de cumplir su tarea. 

Basta ver, por ejemplo, la calamitosa situación en que opera la gran mayoría de comisarías en el país: solo el 31% tiene acceso a Internet y a sistemas virtuales de información y –más grave aun– muchas no cuentan tampoco con teléfono propio, energía eléctrica o acceso al agua potable. Una realidad que supone algo más que meras dificultades para velar por la seguridad ciudadana. 

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, anunció hace unos días la aprobación de un plan estratégico de modernización del equipamiento de la Policía Nacional, que involucra una inversión superior a los S/.1.000 millones hasta el 2019. De este monto, se planea invertir S/.457 millones este año en compras que incluyen, entre otros bienes, más de 2.000 patrulleros inteligentes, 13 camiones antidisturbios, 2.533 armamentos no letales y 48.000 equipamientos antimotines, además de 9 sistemas de comunicación y 7.430 computadoras.

Si llegaran a concretarse estas compras (tras siete ministros en el cargo, no son pocos los proyectos de inversión que han quedado solo en eso), la adquisición de nuevos equipos permitirá mejorar el obsoleto sistema de comunicación entre diligencias policiales y se podrá, finalmente, implementar una base de datos interconectada que posibilitará monitorear los delitos que se cometen a diario en el territorio nacional. 

Además, nuevos equipos antimotines y armamentos no letales, con vehículos antidisturbios, podrán ser de invalorable ayuda para prevenir, en caso de que volvieran a producirse, disturbios como los de Islay, que probaron la bochornosa falta de preparación logística de la Policía Nacional.

La gravedad de estas carencias, sin embargo, nos enseña que para lograr una labor eficiente es imperativo que nuestra policía cuente con efectivos preparados en las calles y con un equipo idóneo para realizar las tareas vinculadas a la administración de la institución. La policía no ha sido entrenada para los trabajos de escritorio y no es razonable esperar que se distingan en esas funciones. Como prueban los resultados, esa circunstancia nos deja hasta el momento una institución precaria, sin las condiciones necesarias para salvaguardar el orden público. 

Por ello, se debe convocar una licitación que otorgue la gerencia de esta institución a personas capacitadas para tal fin. Y encargar a una empresa privada la administración, mantenimiento, logística y adquisiciones de la policía. Liberando, así, al personal policial de esas labores y devolviéndolos a las funciones para las cuales fueron verdaderamente preparados: la seguridad ciudadana, que, hoy en día, es tarea urgente.

Así, no basta un cambio en los equipos para mejorar la situación de la policía. Es imprescindible, también, un cambio en el equipo humano responsable de la administración de esta institución, pues la impericia demostrada por quienes lo han venido haciendo hasta el momento nos ha pasado ya –a los desamparados efectivos y a la sociedad en general– una factura demasiado onerosa como para seguir renovando indefinidamente las letras de su cancelación.