Editorial: El cambio para todos (menos para mí)

El jueves pasado, el pleno del Congreso volvió a postergar uno de los temas más importantes de la agenda legislativa pendiente: la reforma política y electoral. Pese a que los proyectos y las propuestas están ya listos para el debate, parece que los padres de la patria tienen poca voluntad de sacar adelante estos cambios. Una actitud que hace pensar en la popular expresión: Queremos que las cosas cambien, pero no para nosotros. 

Esto último debido a que muchos de los proyectos que permanecen en carpeta se refieren a temas que podrían determinar un cambio de las reglas de juego que regirán en las elecciones presidenciales y congresales del próximo año; y, en esa medida, afectar su eventual reelección.

Lo preocupante, en esas circunstancias, es la advertencia formulada en estas páginas por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hace unos días, en el sentido de que si no se aprueban antes de la fecha de convocatoria a los comicios, estas reformas no estarán vigentes durante los mismos. Y, por tanto, habrá que esperar otros cinco años para conocer sus beneficios. 

Es importante notar, por supuesto, que entre las reformas a debatirse existen algunas buenas y otras no tanto. En editoriales anteriores, hemos señalado la urgencia de establecer mecanismos transparentes de democracia interna en las agrupaciones políticas, supervisados por el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE, así como la conveniencia de implementar un financiamiento público, asignado a cada organización política sobre la base del número de su representación parlamentaria, que contribuiría a disminuir el ingreso a la política de dinero proveniente de la delincuencia. Y nos hemos pronunciado, asimismo, a favor de la institución de distritos uninominales, que fortalecerían la representatividad de cada legislador elegido y harían, de paso, innecesario el voto preferencial. 

Nos hemos opuesto, en cambio, a otras posibles reformas, como la que busca sancionar el “transfuguismo”, pues la libertad de conciencia y expresión de nuestros representantes es un valor que se debe proteger. Sobre todo en contextos en los que, habida cuenta de la debilidad de los partidos por los que postulan, existen altas probabilidades de que sean más bien estos últimos los que muden de postura ideológica. 

Sin embargo, aunque no todas las propuestas sean idóneas, no se puede ignorar, como lo viene haciendo el Parlamento, la necesidad de empezar este debate con seriedad y prontitud. El Legislativo, en efecto, parece enfocarse en los avatares de la coyuntura electoral. Es decir, en las idas y venidas de las diversas comisiones investigadoras (muchos de las cuales parecen no llegar a conclusiones relevantes sobre la materia de sus pesquisas); o en la dación de leyes inconstitucionales con ánimo demagógico y populista, como la referida al lote 192. 

La urgencia de estas reformas se debe a que en el Perú la institucionalidad y la representación política no han evolucionado al ritmo del crecimiento económico; y así es poco probable que podamos alcanzar la meta de ser un país desarrollado en el mediano plazo. 

Hace falta lo que nuestro columnista Carlos Meléndez ha denominado un ‘shock institucional’. De lo contrario, los beneficios de los recientes años de crecimiento podrían pronto disiparse por culpa de nuestra precariedad política. Y es que, en un sistema en que no existe confianza en las instituciones representativas y en el Estado, se hace muy difícil generar un clima auspicioso a la inversión privada y, en consecuencia, a la creación de empleo y aumento del consumo. Ejemplos de esta precariedad han sido los casos de Conga, Tía María y los diversos conflictos sociales que han evidenciado la debilidad con la que funciona nuestro sistema político, con graves consecuencias para la economía del país. 

No está de más, por cierto, recordar que la aprobación de estas reformas fue una de las principales promesas del actual presidente del Legislativo, Luis Iberico, cuando expresó su voluntad de acceder a ese cargo. Por lo que cabe demandar que le dé a su debate la prioridad que merece. 

De nada servirá eso, sin embargo, si una mayoría de nuestros congresistas no está dispuesta a dejar de lado algunos de sus intereses inmediatos –en lo que a la forma de conseguir la reelección concierne– y aceptar, en bien del país, que el cambio pueda afectarlos.