Editorial: Candidatos tras las rejas

Hace algunos días se dio a conocer que, de los ocho presidentes regionales actualmente procesados por corrupción, cuatro estarían buscando reelegirse. Dos, además, están en la cárcel debido a que se dictaron contra ellos órdenes de 14 meses de prisión preventiva, pues han sido acusados por graves delitos de corrupción: Gregorio Santos de Cajamarca y Kléver Meléndez de Pasco.

La prisión preventiva, como se sabe, solo se dicta cuando concurren circunstancias realmente serias: existen fundados y graves elementos de convicción para estimar la comisión de un delito, la posible sanción es mayor a cuatro años de cárcel por tratarse de un crimen particularmente importante y se presentan indicios razonables de que el acusado intentará huir de la justicia u obstaculizarla.

Santos es acusado de haber cometido actos de corrupción en 11 procesos de contratación de obras y servicios valorizados en más de S/.129 millones. Según un informe de la contraloría, habría recibido en sobornos más de S/.800.000. Además, el fiscal Juan José Díaz Guevara acusa a la autoridad regional de contratar por más de S/. 46.000 a un grupo de 15 militantes de su partido para un proyecto de mejora educativa, quienes luego habrían terminado actuando en la práctica como facilitadores y coordinadores de las protestas contra Conga.

Meléndez, por su lado, es acusado, pues su asesor Manuel Boza aparece en un video recibiendo fajos de billetes (que según la fiscalía ascenderían a más de S/.175.000) de Frederich Tello, hermano de Henrich Tello, quien fue favorecido con la buena pro en dos obras licitadas por el gobierno regional. En un segundo video se ve al propio Meléndez precisando que dicho asesor “es el encargado de las coordinaciones, nosotros le damos instrucciones”.

Sin embargo, y a pesar de toda la evidencia que existe en estos casos, la gravedad de la acusación y el hecho que estos presidentes regionales se encuentren en la cárcel no es impedimento legal para que puedan tentar nuevamente el liderazgo de sus regiones. La Constitución y la ley establecen que el derecho a postular a un cargo público solo puede ser negado en casos en que exista una sentencia judicial firme condenatoria. De otra manera se estaría violentando su derecho a la presunción de inocencia.

Por supuesto, esto trae tremendos problemas prácticos. ¿Se imagina usted, señor lector, cuál sería el futuro de una región cuyo presidente electo aún tenga varios meses por pasar en la cárcel?

Para evitar este tipo de situaciones, debería crearse algún sistema que le dé prioridad a estos casos en el Poder Judicial y que le brinde a las cortes encargadas los medios para tramitarlos con celeridad. No solo para evitar eventuales crisis políticas y para impedir que personajes corruptos acerquen sus garras a los recursos públicos, sino también para proteger las posibilidades del candidato de participar en la elección en el supuesto de que fuese inocente. Más aun cuando nos encontramos tan cerca del día en que tendremos que acercarnos a las urnas.

En los casos de Cajamarca y Pasco, además, resolver de manera definitiva la situación de sus presidentes regionales es particularmente importante, pues atraviesan situaciones económicas sumamente preocupantes (en buena parte por la desafortunada gestión de estas autoridades hoy detenidas).

Cajamarca es actualmente una de las regiones más deprimidas del país, sumida en una recesión desde hace dos años. Asimismo, de acuerdo con un informe publicado por el INEI, se ha convertido en la región donde existe más miseria (un 59% de su población vive por debajo de la línea de pobreza). Pasco, según el mismo informe, es la región donde más ha aumentado la pobreza, llegando a ser la cuarta más pobre con alrededor del 47% de su población en esta situación.

Por lo pronto, el Poder Judicial debería tomar acciones para resolver con rapidez los casos de Santos y Meléndez. Más aun, cuando, por la copiosa evidencia en su contra, parecerían muy fáciles de decidir.