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El martes, el presidente Humala fue consultado acerca de cuál debería ser la posición de la Unasur frente al caso de Venezuela. El presidente, fiel a su costumbre cuando se trata del gobierno chavista, opinó que lo más conveniente era abstenerse de opinar. Concretamente, señaló que “lo importante es que se respete el derecho de no injerencia”. En otras palabras, que el Gobierno Venezolano tiene todo el derecho de ocuparse de sus propios asuntos sin que ningún país vecino cuestione su accionar.
Imagine la siguiente situación: usted camina por la calle y ve que en la esquina un matón está agarrando a golpes a un pobre anciano. Preocupado, llama a otros transeúntes para que lo ayuden a detener, o por lo menos a denunciar, la golpiza, pero ellos le contestan: “Perdón, pero no tenemos derecho a inmiscuirnos en la vida del matón”.
El presidente Humala quiere que los países de América Latina se comporten como los transeúntes del ejemplo. Yerra al creer que “lo importante es que se respete el derecho de no injerencia”, perdiendo de vista que lo realmente importante es evitar que se siga asesinando a los ciudadanos en las calles de Venezuela y que un gobierno abusivo y dictatorial continúe reprimiendo violentamente a cualquier voz crítica. El derecho a la no injerencia en asuntos internos no puede convertirse en un escudo detrás del cual un matón puede esconderse para seguir cometiendo matonerías.
El presidente se equivoca incluso desde un punto de vista legal. El Perú y el resto de democracias de la región tienen la obligación de pronunciarse o de tomar alguna acción para proteger las vidas de latinoamericanos cuyos derechos vienen siendo atropellados por sus gobiernos. Es lo que acordaron los países miembros de la OEA cuando firmaron la Carta Democrática en nuestro país, para evitar que se repitan experiencias como la que el Perú atravesó con Fujimori. Y a eso también se comprometieron las naciones miembros de la Unasur el 2010 con la firma del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo Unasur sobre Compromiso con la Democracia (aunque, claro, bien sabemos que la Unasur es un títere del chavismo, por lo que es muy improbable que ese protocolo tenga algún efecto práctico).
La actitud del presidente Humala, además, es particularmente grave en términos internacionales, pues les quita el piso a los países de la región que están tratando de encontrar una salida al conflicto en el país llanero. Era de esperarse que Ecuador, Bolivia o Argentina se alineasen con Venezuela, pero al sumarse el Perú se traiciona al movimiento pro democracia de las naciones de América Latina que hacen un contrapeso al pensamiento bolivariano.
No olvidemos tampoco que con estas últimas declaraciones es la segunda vez que el presidente desautoriza a su cancillería por defender a Maduro. La primera oportunidad fue cuando, a raíz de violentos episodios en el Parlamento venezolano, el entonces canciller Roncagliolo pidió “tolerancia” y “diálogo”, a lo que Maduro respondió: “Ha cometido el error de su vida, Roncagliolo”. En vez de respaldar a su ministro de Relaciones Exteriores, el presidente Humala recibió en Palacio a su homólogo sin la presencia del canciller para congraciarse con él y, al poco tiempo, coincidentemente el señor Roncagliolo abandonó el cargo.
En esta segunda oportunidad, el presidente ha dejado sin piso a la cancillería porque el embajador Jiménez estuvo hace unos días en la OEA para exigir que se verifique si se deben o no activar los mecanismos de la Carta Democrática. ¿Cómo queda el embajador, la cancillería y el Perú si, acto seguido, el presidente dice que no tenemos que meternos en los asuntos de los venezolanos?
Toda esta situación no solo apena, sino que llama poderosamente la atención. ¿Por qué esa extrema deferencia del presidente con el chavismo, que lo ha llevado incluso a decir que “Chávez es un modelo a seguir”? Sus actitudes, además de equivocadas y perjudiciales, solo alimentan las sospechas de quienes creen que el señor Humala tiene alguna deuda pendiente con los matones de esta lamentable historia.
