Editorial: El cartero nunca llama dos veces
Editorial: El cartero nunca llama dos veces

Los trabajadores de entraron en huelga el 11 de noviembre. Esta hasta ahora no se resuelve y, según su gerente general, no se podrá solucionar atendiendo la demanda de los trabajadores. El aumento salarial solicitado –sostiene– no está al alcance de su presupuesto.

Por un lado, la empresa señala que solo 500 trabajadores, de los 1.300 que tiene el sindicato, han acatado la huelga. Exacta o no la cifra, la huelga ha hecho que el envío y recepción de correspondencia se reduzca en aproximadamente 60%. Más de 800.000 paquetes y cartas están acumulados en los almacenes.

Los trabajadores tienen, por supuesto, derecho a pedir mejoras salariales. El problema es que la forma en que se exigen esos derechos colisiona con los derechos del público, que utiliza un servicio con la expectativa de comunicarse con una certidumbre razonable.

Queda claro que las limitaciones presupuestales impiden disponer de un aumento de S/.300 más un bono extraordinario de S/.1.000. Eso es lo que piden los trabajadores, entre otras cosas. Eso es lo que la empresa dice que es inalcanzable.

Serpost no tiene para los aumentos. Tampoco tiene para invertir en infraestructura y tecnología, para nuevos y mejores vehículos, para un software más sofisticado o para una reingeniería de sus sistemas operativos. 

Serpost depende del . Recurrir, por eso, a un aumento de la cuota presupuestal es imposible. Más aun, si se decide resolver sus problemas de política salarial a través de esos aumentos, el tendría un hueco más.

No parece quedar alternativa que la de explorar la privatización de la empresa y la liberalización del mercado. ¿Cómo determinar los salarios sin recurrir a la política o a la presión? ¿Cómo poner el interés del público en sintonía con el interés de los trabajadores y el interés de la empresa? No solo la privatización sino la liberalización del servicio postal es el camino que debe estudiarse y desarrollarse.

En la actualidad, operan en el Perú varias empresas privadas de mensajería y correo. Ninguna, sin embargo, tiene la ventaja de una operación de gran escala. La situación suscita además el cuestionamiento por el motivo de la existencia de un servicio provisto por el sector público cuando el sector privado es perfectamente capaz de suministrarlo. 

La privatización de Serpost podría darnos una idea acertada sobre cuáles son los verdaderos costos de la distribución de correo y, por tanto, cuáles deberían ser las tarifas, los salarios, las dietas, el número de directorios al mes, las remuneraciones de los ejecutivos, las inversiones en logística e infraestructura, entre otras cosas. Cuando el sistema de competencia y precios no es capaz de determinar todo ello, la decisión termina dependiendo de los favores políticos de turno.

En caso de una postergación de los salarios y una subsecuente huelga, las empresas privadas tendrían que cumplir con los clientes. Tendrían que hacerlo, aun a costa de subcontratar servicios temporales. Eso no pasa ni puede pasar con Serpost, porque no tiene recursos. 

No se trata solo de privatizar un monopolio. Lo que se requiere es privatizar y liberalizar, al mismo tiempo. Hay pocas diferencias entre un monopolio estatal y uno privado cuando este es amparado en un privilegio regulatorio. Por eso se requiere introducir la competencia no solo en el mercado de servicios colaterales de correspondencia, sino sobre todo en el mercado de los servicios principales.

Se podrá decir que un gobierno que está de salida y con baja popularidad no puede involucrarse en una iniciativa de este tipo. Creemos, al contrario, que este gobierno debería considerar seriamente la alternativa o, al menos, hacer las indagaciones del caso en los mercados internacionales. El gobierno saliente no está ya jugando para las encuestas y más bien debe tratar de mejorar la situación en la que deja al país. La privatización con liberalización es una reforma pendiente.

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