Editorial:La casa del terror

La decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de no recibir a la comisión investigadora parlamentaria denominada Lava Jato ha seguido generando diversas reacciones en todas las tiendas políticas presentes en el Congreso.

Mientras que desde el oficialismo han respaldado la decisión presidencial, amparándose en una prerrogativa constitucional, los diversos grupos de oposición han cuestionado la decisión y han especulado con el supuesto temor que le produciría al mandatario responder a las interrogantes del grupo parlamentario.

“Si puede responder por escrito, ¿por qué no recibirnos? […] Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no nos lo dice de frente?”, ha teorizado la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, frente al oficio que le dirigió este mes el jefe del Estado. Por su parte, el congresista del Partido Aprista Mauricio Mulder calificó la respuesta por escrito del mandatario como “una criollada”. Asimismo, la Comisión Lava Jato en su conjunto aprobó (por cinco votos contra uno) derivar el oficio presidencial a la Comisión de Constitución del Congreso, para que esta evalúe si efectivamente el presidente podría rechazar o no la citación de la comisión investigadora.

En cierto modo, el malestar legislativo puede ser comprensible, luego de que el presidente Kuczynski catalogara a este tipo de diligencias parlamentarias como un “circo” (haciendo referencia a la experiencia previa con la comisión que investigaba los negocios del ex asesor presidencial Carlos Moreno) hace unas semanas. O después de leer el oficio que remitió el jefe del Ejecutivo al Congreso en el que diera la impresión de estar respondiendo a un cuestionario, cuando en realidad, la comisión que encabeza la congresista Bartra solo había enumerado los puntos generales sobre los que versaría la entrevista a la que lo estaban convocando, con lo cual difícilmente se podría considerar que ya no hay interrogantes pendientes de formular al presidente.

Más allá del desaguisado presidencial, sin embargo, lo cierto es que efectivamente el jefe del Estado goza de inmunidad constitucional que lo previene de ser objeto de investigaciones de cualquier índole, salvo por las infracciones puntuales previstas en la misma Carta Magna como es el caso de impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por traición a la patria, ninguna de las que se presenta en este caso. Una prerrogativa contemplada para evitar que la investidura presidencial quede expuesta a ataques y cuestionamientos que interfieran con su mandato, con la excepción de ciertos supuestos de máxima gravedad.

En tal sentido, aunque el presidente podría haber aceptado la concurrencia de la comisión investigadora a Palacio de Gobierno, lo que –como hemos señalado en este Diario– hubiera sido percibido como un acertado gesto político, tampoco debería causar mayor sorpresa o indignación en los pasillos del Congreso que aquel actúe conforme a las atribuciones que la Constitución le concede.

Y, en esta tesitura, los integrantes de la Comisión Lava Jato deberían, más bien, abocarse a preparar con esmero las preguntas que el presidente se ha comprometido a responder por escrito.

Pues si uno repasa el desempeño de las comisiones investigadoras de esta y anteriores conformaciones parlamentarias, encontrará grandilocuencia, teatralidad, gestos de intimidación y quizás unos cuantos gritos pero poco o nada de sustancia. Es decir, casi como una “casa del terror” como las que suelen ponerse en escena por estas fechas, y donde quienes ingresan a ella experimentan muchos sobresaltos… hasta que se prenden las luces y se constata que todo era parte de una actuación.