Editorial: El Estado celoso

El Estado suele ser expansionista y celoso. Su naturaleza política y burocrática lo impulsa a tomar cada vez más espacios para la intervención y el control público, ahuyentando así las actividades privadas. Sea de manera explícita y frontal, como en el caso de Petro-Perú y el lote 192, o sea de manera implícita y soterrada, como en el tema de las crecientes microrregulaciones que ahogan los emprendimientos empresariales, la tendencia del sector público es a ganar áreas de acción que luego son difíciles de devolver a los ciudadanos.

Es por eso una noticia especialmente positiva que el gobierno haya decidido ceder algunos espacios al sector privado a través de sendos decretos legislativos publicados en los últimos días. 

En primer lugar, como señalamos en estas páginas ayer, la apuesta del Ministerio de Cultura para permitir que empresas u organizaciones privadas se encarguen de poner en valor el patrimonio arqueológico del país puede rendir buenos resultados. En un contexto en el que el sector público no se da abasto para cuidar de los complejos, huacas y monumentos prehispánicos que hoy lucen abandonados y deteriorados, el sector privado podría dotarlos de servicios turísticos de primer nivel para impulsar su visita y promoción. 

Los casos de la Huaca Pucllana en Miraflores, de las Huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, y del Complejo Arqueológico El Brujo, también en la costa norte, apuntan a que las alianzas entre el público y el privado son efectivas en este sector.

Pero las huacas no son lo único que el Estado ha tenido en abandono y en lo que el sector privado puede dar una mano. La norma que faculta a las empresas a proveer de infraestructura y servicios al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) puede ser clave para solucionar algunos de los problemas más graves de los penales. A la fecha las cárceles nacionales tienen una sobrepoblación de 40 mil internos (en un espacio para 10 reclusos entran 25) y carecen de servicios básicos de higiene, alimentación y salud. A través de un plan de concesión bien diseñado, los privados competirán por ofrecer la construcción de los penales más seguros, con servicios adecuados, con el mejor equipamiento de seguridad disponible y con los planes de rehabilitación más eficaces al menor costo.

Finalmente, el decreto legislativo que modifica la Ley de Habilitaciones Urbanas faculta a revisores urbanos (arquitectos o ingenieros) a evaluar las edificaciones para la obtención de licencias. Según el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, esta norma permitirá reducir los plazos de obtención de licencias para habilitación urbana de períodos que van hasta un año a apenas dos meses. Si bien esta figura ya existía legalmente, en la práctica las municipalidades habían bloqueado su funcionamiento. Sin embargo, a partir de la implementación del decreto, la evaluación de los revisores pasará a ser vinculante.

La participación del sector privado en estos espacios, tradicionalmente reservados al sector público, va en línea además con la política de fortalecimiento de asociaciones público-privadas (APP) implementada el año pasado por el Ministerio de Salud para dotar de bata gris (responsables de servicios no médicos) a los hospitales del país.

La idea de fondo de estos cambios es que, a través de un diseño cuidadoso, el sector privado tiene usualmente los incentivos para ser más eficiente que el sector público en la provisión de bienes y servicios para la población. Este principio se cumple incluso en aquellas áreas que normalmente se asocian con la provisión estatal de bienes, como los penales y los hospitales. 

En la medida en que se sigan abriendo espacios para que operen la competencia, la eficiencia y la innovación natural de las empresas privadas, el gobierno y, sobre todo, los ciudadanos serán los primeros favorecidos. Destacamos entonces la reforma parcial de un Estado que ha superado sus celos en algunos ámbitos para el beneficio de todos los que tenemos algún tipo de relación con él.