Editorial: Chapa tu civilidad

“Chapa tu choro” es una iniciativa ciudadana que rápidamente ha ganado admiradores, seguidores y propagandistas. La idea original invocaba a los pobladores a organizarse para la captura de ladrones y carteristas. Fue seguida, sin embargo, de convocatorias a la violencia (“chapa tu choro y déjalo paralítico”, entre otras).

La popularidad y difusión de la iniciativa revelan la magnitud de la crisis institucional que padecemos. La seguridad de las personas y sus bienes es el encargo básico y mínimo de toda autoridad gubernamental, y este no se está cumpliendo.

La gente no quiere dejarse vencer por la delincuencia. Quiere hacer algo porque el Estado hace poco. Se entiende la indignación y se entienden, de alguna manera, los ánimos de revancha. Pero estos, sin embargo, no son el ánimo que debe conducir el reclamo ciudadano. La revancha es una reacción de la gente y lo que se requiere es una respuesta de las autoridades.

“Chapa tu choro” nos habla de ciudadanos que exigen su derecho a la seguridad, al disfrute de sus bienes y su tranquilidad. Es bueno que no seamos pasivos, pero es malo que eso nos lleve al abismo de la turba.

La tarea de restablecer los derechos de las personas no pasa por la conculcación del Estado de derecho. El linchamiento no es justicia, así como la venganza no restablece la paz. El gobierno ha querido ver la inseguridad ciudadana como un abuso mediático o estadístico para así pasar por agua tibia la gravedad del problema y el protagonismo que le toca para combatirlo.

En el último mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala anunció, al respecto, un aumento de remuneraciones en la Policía Nacional, la adquisición de bloqueadores y un sistema de geolocalización de celulares. No hubo ningún anuncio de reforma de sistemas de seguridad ciudadana.

En Santa Anita hay un policía por cada 2.748 personas: diez veces menos que la tasa recomendada internacionalmente, de un policía por cada 250 habitantes.

No sólo es un tema de cantidad. Los policías no están profesionalmente capacitados ni correctamente equipados. Lo hemos visto en el caso de las protestas en contra del proyecto Tía María, en las que la PNP usaba municiones de gas lacrimógeno expiradas y contaba con protecciones personales mínimas. Lo hemos visto cuando 150 policías dispararon a diestra y siniestra a un hostal en Lince donde, finalmente, solo había un borracho armado.

Tenemos un déficit de varios cientos de comisarías. Pero, además, más de la mitad no cuenta siquiera con teléfonos operativos. Más de la mitad no tiene acceso a la base de datos del Reniec. El 76,5% de las comisarías no tienen equipos de radios para comunicarse y el 68,2% no tiene acceso al Sistema de Denuncias Policiales. Y no solo es un problema logístico. Cuando los ciudadanos hacen sus denuncias muchas veces la respuesta es “no lo podemos atender”, “investiguen ustedes”, “regrese mañana”.

Cómo no entender la indignación de los pobladores. Cómo no querer encauzarla dentro del Estado de derecho. “Chapa tu choro” no debe poner en riesgo la integridad de los pobladores ni desatar una cadena de violencia delincuencial. El derecho a capturar a un delincuente está reconocido en nuestro ordenamiento legal. Pero capturar no es juzgar y, menos, castigar.

No hay que confundir el derecho “vivo” o “intuitivo” con el recurso primario del “ojo por ojo” o el bárbaro sistema del linchamiento. Para que haya justicia, por informal que sea, debe haber un proceso con rutinas previamente establecidas. Debe haber una autoridad consagrada y un sistema de penas proporcionales a los delitos.

No debemos dejar que la delincuencia gane esta batalla de fondo, la batalla por la legitimidad y la civilidad. No debemos dejar, tampoco, que la falta de autoridad nos seduzca en favor de la anarquía y la barbarie.

La ciudadanía está quedando casi sola en su lucha por la seguridad. Exigimos a las autoridades que cumplan su rol básico y principal. Esperamos una respuesta del gobierno. No hay más tiempo que perder.