Editorial: ‘Chicago Grande’

El episodio del ataque al Porsche de Gerald Oropeza y su sangrienta secuela nos han recordado en estas últimas semanas la escalada de violencia criminal que afecta actualmente a nuestro país. Al referido atentado, en efecto, lo siguió poco después el asesinato del amigo de Oropeza, Patrick Zapata. Y este fin de semana fueron acribillados por sicarios encapuchados el prontuariado Antonio Saucedo Mendoza en San Isidro, así como Humber Antonio Ponce Rivera y su sobrino Félix Hemerlind Azado, en San Juan de Lurigancho.

Si alguna vez se conoció al distrito de Surquillo con el sobrenombre de ‘Chicago Chico’ porque la incidencia del delito en sus calles hacía pensar en una versión en miniatura de lo que se vivió en esa ciudad estadounidense en la época de Al Capone, ahora las guerras entre bandas locales dedicadas al tráfico de drogas o de terrenos han llegado a un punto tal de exacerbación que alguien podría animarse a considerar todo el territorio nacional como un ‘Chicago Grande’ sin temor a equivocarse.

No es casualidad, en ese sentido, que el Barómetro de las Américas haya indicado recientemente que para un 46,7% de los peruanos, la inseguridad ciudadana ha sido el mayor tema de preocupación en el 2014. Desde el 12% que registró en el 2010, esa percepción había venido en aumento, pero ahora ha desplazado del primer lugar a los problemas económicos (cuya incidencia del 2012 al 2014 disminuyó del 42,7% al 28%). 

Esta mejora en la economía dice mucho sobre la efectividad de tener un mayor dinamismo en el sector privado. Y es que, durante el período 2009-2014, la pobreza en el Perú disminuyó 12 puntos porcentuales y llegó al 22,7% (cifra largamente atribuible al crecimiento económico).

El hecho es que, gracias al buen desempeño del mercado, hoy el Perú es un país menos pobre. Pero, pese a ello, la brecha en la provisión de servicios como la educación, la salud y –particularmente– la seguridad revela que si bien ha sido positivo que el Estado deje de hacer lo que no le competía, aún está lejos de funcionar adecuadamente en aquellas materias que sí le tocan. 

En lo que concierne concretamente a la seguridad ciudadana, el INEI indica que el 69,3% de la población no se encuentra satisfecho con el desempeño de la Policía Nacional; y el Ránking de Competitividad Global del Foro Económico Mundial nos coloca en la posición 137 de 144 en lo que corresponde a la confianza que nuestros efectivos del orden inspiran en la ciudadanía.

Las condiciones en las que opera la gran mayoría de comisarías a escala nacional, por otro lado, son desastrosas. De las 1.444 comisarías existentes, 970 no cuentan con radios interconectadas y 829, ni siquiera con teléfono propio. Ciento setenta de ellas, además, no tienen agua. Y es en estas condiciones que la policía debe velar por nuestra seguridad. Pero sin que el Estado le brinde los elementos necesarios para trabajar dentro de su centro de labores, difícilmente podrá aportar mucho fuera de él. 

¿Cómo podemos replicar, entonces, los éxitos que ha tenido el sector privado en temas que competen al Estado? Pues se debe trasladar a este la efectividad y eficiencia demostrada por el empresariado en las últimas décadas a través de mecanismos como el programa obras por impuestos. La Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior ha indicado que 45 de los 63 proyectos mapeados por su sector tienen a las comisarías como su principal línea de intervención, con iniciativas de proyectos que ascienden a los 316,7 millones de soles. Tal como afirmó su director, Francisco Carbajal, durante una exposición realizada el mes pasado, la Policía Nacional requiere inversión en equipamiento, recursos humanos e infraestructura con la agilidad del brazo ejecutor del sector privado.

En su presentación ante el Congreso, el nuevo primer ministro Pedro Cateriano ha expresado que la seguridad es una de las prioridades que el Gobierno quiere atender en este tramo final de su mandato. Y la verdad es que mejorar las condiciones de nuestras comisarías y el equipamiento de nuestros policías a través del programa obras por impuestos parece una magnífica oportunidad para acercarnos a ese objetivo y alejarnos de la pesadilla de convertirnos en el ‘Chicago Grande’ que desde hace unos años nos amenaza.