Editorial: Cien días después

El 30 de setiembre, en un mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra ordenó la disolución del Congreso de la República. Este, a pesar de los cuestionamientos del Gobierno y la cuestión de confianza presentada al respecto, había decidido continuar con el proceso ordinario de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC); aquel interpretó esta circunstancia como la “denegación fáctica” de la confianza solicitada y definió el cierre del Poder Legislativo.

Han transcurrido 100 días desde que el jefe del Estado tomó la decisión descrita y la ciudadanía ha tenido tiempo para asimilar las implicancias totales de esta. Con un Ejecutivo que ha estado ejerciendo sus funciones sin el contrapeso necesario y un proceso electoral en ciernes que debería desembocar, esperemos, en una representación un poco mejor que la anterior.

Este último punto resulta particularmente importante, pues mucho del trance en el que nos hallamos responde a la manera en la que el Parlamento extinto se comportó frente al Ejecutivo. Y quizá la muestra más palmaria de ello se manifestó el mismo día en el que la disolución se concretó. Como se recuerda, el 30 de setiembre, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentó en la sede del Congreso para plantear una cuestión de confianza a propósito del proceso de selección de miembros del TC y fue recibido por un Legislativo que no solo pretendió bloquear su ingreso al hemiciclo, sino que, a sabiendas de lo que preocupaba al Gobierno de la mentada elección, decidió continuar para recién, posteriormente, conceder la confianza. Un ejemplo de evidente desinterés por alcanzar acuerdos con la administración de Martín Vizcarra y un intento flagrante por estirar las reglas del juego a su favor. Más o menos la actitud que la mayoría parlamentaria y sus satélites desplegaron desde el 2016.

En esa línea, lo que argumenta el magistrado del TC Carlos Ramos Núñez en su ponencia –que aún debe ser ponderada por sus pares–, justamente sobre la demanda competencial presentada por el otrora presidente del Congreso Pedro Olaechea contra la disolución, no puede ser mezquinado: “Pese a la votación formalmente favorable al pedido de cuestión de confianza planteado, lo cierto es que materialmente no se cumplió con uno de los extremos solicitados. No se trató, ciertamente, de un accionar expreso materializado en un acto de votación en la sesión del pleno del Congreso, pero sí de una forma manifiesta de no aceptar lo solicitado”. En pocas palabras, los parlamentarios hicieron lo que quisieron y pretendieron poner un parche votando a favor del pedido de Del Solar.

Es innegable, empero, que la decisión final del Ejecutivo, de dar la confianza por denegada, no deja de resultar controversial, toda vez que la disolución de una institución como el Congreso, aunque popular y celebrada, tiene que considerarse como un último y desafortunado recurso. Esto especialmente por la posición en la que el Gobierno terminó colocándose: un período en el que sus decisiones no pueden ser fiscalizadas y en el que se pueden ensayar abusos, como los vistos en los últimos meses con la promulgación de decretos de urgencia con objetivos difícilmente perentorios (la ley de cine, la extensión de la exoneración de tributos a los libros, etc.) y la presencia en el Gabinete de ministros empapelados en cuestionamientos, como Edmer Trujillo.

Considerando lo anterior, es evidente que el TC tiene, a propósito de la demanda competencial, una tarea sumamente difícil. Tiene la responsabilidad de que lo ocurrido hace 100 días no siente un mal precedente. Y es que, por un lado, permitir la interpretación de denegaciones fácticas termina por colocarle al Parlamento una insoslayable espada de Damocles que, en las manos de cualquier Ejecutivo futuro, podría resultar en una disolución con arbitrariedades más patentes. Asimismo, es clave que se definan las condiciones con las que la confianza puede ser solicitada y lograr que su aprobación en el Congreso no sea solo un premio consuelo para quien la planteó.

Sin embargo, por el momento, la mayor presión la deberían sentir los electores, en cuyas manos está elegir, este 26 de enero, autoridades verdaderamente interesadas en trabajar juntas por el país. Sin duda, un cambio necesario.