Comisión sin Ética

La denuncia hecha el domingo por el programa “Punto final” sobre la legisladora Rosio Torres, a quien cinco trabajadores y extrabajadores la acusan de haberlos obligado a depositar parte de sus sueldos en la cuenta de su sobrino, ha traído cola. En los últimos días el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de concusión, mientras que Alianza para el Progreso (APP) –el partido que la llevó al Congreso– anunció que la expulsaría del partido y que sería retirada de la Comisión de Ética. Esto último resulta clave no solo para preservar la imagen de dicho grupo de trabajo (que, de por sí, está bastante deslucida), sino también porque eventualmente serán sus integrantes los que tendrán que revisar y, de ser el caso, aprobar alguna sanción contra la legisladora con la que hasta el día de hoy han venido compartiendo mesa.

Pero, a decir verdad, la parlamentaria Torres no es la única cuya continuidad en Ética contradice el espíritu que esta comisión está llamada a tener; este es, el de velar por la buena conducta de los parlamentarios. Según un informe publicado hoy en este Diario, 12 de los 17 integrantes de este grupo de trabajo arrastran cuestionamientos de diversa naturaleza, desde los legales hasta los –vaya ironía– éticos.

Ahí están, para empezar, los ejemplos de los compañeros de Torres que, como ella, se encuentran en la mira de la fiscalía. Waldemar Cerrón (Perú Libre) viene siendo investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco del presunto financiamiento ilícito del partido que él integra y del que su hermano Vladimir es fundador y secretario general. Mientras que Magaly Ruiz (APP) se halla investigada por los mismos motivos que Torres: un extrabajador de su despacho ha denunciado que él y otros compañeros le depositaron parte de sus sueldos al asesor principal de la legisladora a pedido de esta.

Por su parte, Luis Aragón (Acción Popular) y Óscar Zea (no agrupado) se hallan inmersos en las pesquisas que el Ministerio Público viene realizando por el caso de ‘Los Niños’, por el que, además, ambos vienen siendo objeto de sendas investigaciones en el grupo de trabajo que integran. En lo que respecta a Zea, asimismo, no hay que olvidar que enfrentó dos acusaciones por homicidio, en 1999 y en el 2006, por los que fue privado durante un tiempo de su libertad.

A este grupo habría que sumarles los nombres de la extitular de Salud Kelly Portalatino (Perú Libre), que fue cuestionada por haber designado al abogado de la madre de Vladimir Cerrón, el líder de su partido, como secretario general del Ministerio de Salud durante su gestión, y los de Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Flavio Cruz (Perú Libre) que, según reveló “Panorama”, viajaron a diferentes regiones a pasar el Año Nuevo con pasajes pagados por el Congreso.

María Agüero (Perú Libre) y Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), por otro lado, también han sido objeto de críticas por verter declaraciones, por decir lo menos, desafortunadas; la primera, al afirmar que los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York fueron obra del Gobierno de Estados Unidos y el segundo, por calificar a la bandera indígena wiphala como “mantel de chifa”.

Finalmente, el legislador Arturo Alegría (Fuerza Popular) ha sido cuestionado por sostener una reunión con un alto cargo de la consultora contratada por Repsol para el manejo de la crisis reputacional que le había generado el derrame en Ventanilla justo antes de votar un informe sobre el tema, mientras que Elías Varas (Perú Bicentenario) lleva un año sin explicar por qué uno de sus sobrinos participó en actividades y reuniones que él sostuvo con ministros pese a que no ostenta cargo alguno en el Parlamento.

Como es evidente, uno se pregunta qué clase de análisis sobre el comportamiento ético de los 130 parlamentarios puede salir de un grupo de trabajo que tiene a más de la mitad de sus miembros con cuestionamientos que justamente ponen en duda su solvencia ética. Y la respuesta es tan lógica como decepcionante.