Editorial El Comercio

Ayer el presidente del , José Williams, comunicó en sus redes sociales que el debate parlamentario para discutir el adelanto de generales se posponía hasta esta mañana. Se trata de la cuarta reprogramación que sufre esta sesión en los últimos tres días, en medio de una situación de convulsión social que no está para esta seguidilla de postergaciones.

Según el titular del Legislativo, hasta ayer se trataba de encontrar un “consenso” entre las bancadas presentes en el hemiciclo capaz de alcanzar el mayor número de respaldos posibles. Por lo visto, sin embargo, hasta ahora nada nos garantiza que este vaya a conseguirse, lo que, por cierto, sería tremendamente irresponsable, más aún tomando en cuenta que se trata de la misma representación nacional que, hace poco más de un mes, aprobó con 93 votos el adelanto de elecciones generales para abril del 2024 en primera votación y que hoy parece incapaz de honrar el espíritu de ese compromiso por la intransigencia de algunos sectores y los intereses particularísimos de otros.

En buena cuenta, las fechas que se vienen discutiendo en el Parlamento para que tengan lugar los próximos comicios se reducen a tres: 2023, 2024 y 2026. En este Diario, hemos sostenido que la mejor alternativa es la segunda porque, a pesar de ser un tiempo acotado, les permitiría a los partidos políticos prepararse mejor, daría una oportunidad para que algunas de las agrupaciones que vienen tramitando su inscripción la consigan (ampliando así la oferta electoral) y dejaría la puerta abierta para que el Parlamento realice algunas reformas mínimas que eviten que en unos años estemos parados de nuevo en el mismo punto en el que nos encontramos hoy.

Sin embargo, en los últimos días ha venido creciendo en algunos sectores del Legislativo la idea de que los comicios se celebren este año, un planteamiento que Fuerza Popular condensó en un proyecto que fue rechazado la semana pasada, pero cuya reconsideración fue aprobada por el Congreso dos días atrás. Se trata de una fecha que cuenta, además, con el apoyo de la presidenta Dina Boluarte. Tenemos que ser claros: a estas alturas, cualquiera de las dos opciones es preferible a dejar el calendario electoral intacto hasta el 2026.

En el hemiciclo, no obstante, hay quienes parecen no darse cuenta de lo crucial que resultaría aprobar este adelanto. Desde Renovación Popular, por ejemplo, parlamentarios como Jorge Montoya o Gladys Echaíz se han mostrado en contra de recortar el mandato de la presidenta y de sus colegas aludiendo desde razones principistas hasta una declarada desconfianza en las autoridades electorales. En la otra orilla, bancadas de izquierda como Perú Libre y sus escisiones (el Bloque Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario) se han mostrado renuentes a aprobar un adelanto exigiendo que este traiga aparejada una consulta sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Una figura que, a juzgar por las encuestas y como hemos dicho ya en este Diario, entraña múltiples problemas y sería una invitación a colocar al país innecesaria e irresponsablemente al borde del abismo.

Habida cuenta de que los votos de Renovación Popular no suman ni diez, es evidente que la responsabilidad recaerá en los grupos de izquierda, varios de cuyos integrantes, además, apoyaron el adelanto electoral cuando este se votó el pasado diciembre y que ahora parecen renuentes a mantenerse en la misma senda. La consigna para ellos pareciera ser la de “asamblea constituyente o nada” y ya sabemos hacia dónde nos llevarán posturas maximalistas como esta. Cuando de lo que se trata es de deponer los intereses personales y de pensar en qué es lo mejor para el país en estos momentos.

Y lo mejor es, qué duda cabe, el adelanto de elecciones. Una medida que ayudaría a aliviar la convulsión social desatada en las últimas semanas que se ha cobrado la vida de más de 60 peruanos y que ha sumido a varias partes del territorio nacional en un pantano de violencia, vandalismo, desabastecimiento y zozobra. Ya es el momento de que los congresistas dejen de postergar lo que, a estas alturas, es impostergable.

Editorial de El Comercio