Editorial: Congresistas de terror

Desde que se hizo de conocimiento público que las evaluaciones de desempeño docente se convirtieron en el punto de quiebre del acuerdo al que parecían arribar el Ministerio de Educación (Minedu) y los dirigentes de algunos sindicatos regionales para poner fin a la huelga magisterial, el foco del debate público se ha concentrado en la conveniencia de dicha política pública.

En algunos casos, la oposición a estas evaluaciones trasluce, cuando menos, el interés particular de conservar el puesto de trabajo a toda costa sin someterse a ningún tipo de meritocracia (“estamos planteando capacitación permanente sin despido”, afirmó, por ejemplo, el huelguista Pedro Castillo), en desmedro de la calidad educativa que merecen los escolares. Decimos ‘cuando menos’, pues a estas alturas sería muy ingenuo ignorar los afanes de figuración política y encumbramiento sindical que los mismos miembros del gremio docente advierten en algunos de los interlocutores que han ganado protagonismo en las últimas semanas. Y en otros, las dudas o el temor surgen, al parecer, por el desconocimiento del sistema de evaluación.

Pero aunque tanto el Minedu como diversos especialistas en la materia han despejado varios de los mitos que se habían creado alrededor (a saber, que no se trata de un examen escrito sino de una evaluación del trabajo en el aula y que, en realidad, solo se separaría a los maestros que reprueben tres evaluaciones a lo largo de tres años y que antes de cada una los docentes recibirían la debida capacitación), en los últimos días algunos congresistas han emitido declaraciones con información falsa que solo ha contribuido a generar más confusión.

Así, por ejemplo, el martes la parlamentaria de Fuerza Popular Karina Beteta reclamó que “la evaluación que ahora defiende la ministra [Marilú Martens], cuando estaba el señor Saavedra en su cargo, sirvió para despedir a directores, profesores, interinos y contratados”. Ello a pesar de que, como es de público conocimiento, las primeras evaluaciones obligatorias sobre el desempeño de docentes –las únicas que podrían resultar eventualmente en el despido de algún maestro– se llevarán a cabo recién entre setiembre y diciembre de este año, lo que hace imposible la aseveración de Beteta, al menos en las dimensiones de espacio y tiempo conocidas por el hombre.

Un día después, su colega de bancada Rosa Bartra criticó en una entrevista que los maestros vayan a ser evaluados en “temas de infraestructura, por ejemplo, si [el] aula tiene condiciones de ventilación e iluminación suficiente o si el mobiliario es el adecuado” y en “temas relacionados con el nivel de atención que tiene el niño”. Ambas afirmaciones, no obstante, son inexactas. Sobre lo primero, y como puede verificarse en la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula aprobada por el Minedu, lo que en realidad se evalúa es “en qué medida el docente garantiza el cumplimiento de criterios de seguridad, limpieza, bienestar, accesibilidad y organización, para favorecer el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas a su cargo”, es decir, cómo administra los recursos físicos ya dados. Y sobre lo segundo, como también puede contrastarse al revisar el resto de criterios aprobados, lo cierto es que la evaluación solo mide el desempeño del profesor en el aula, no la actitud o conducta de los estudiantes.

Incluso, una de las preguntas del pliego interpelatorio promovido por Fuerza Popular y el Frente Amplio en contra de la titular de Educación le increpa no haber iniciado con la Comisión de Educación del Congreso “una mejora de la reforma educativa” que evalúe a los maestros, “pero no con fines punitivos”, dejando entrever con ello que la evaluación actual sí tendría dicho objetivo, lo cual se contradice con las capacitaciones previas, el número de examinaciones y el intervalo de tiempo entre cada una de ellas.

En lugar de continuar contando historias de terror que, por negligencia o mala fe, generan miedo y confusión, harían bien los congresistas en informarse antes de emitir declaraciones en un contexto tan delicado. Después de todo, las consecuencias más graves de su irresponsabilidad no las sufrirán ellos, sino los alumnos.