Editorial: Control previo de ley

Parece un hecho que alguna norma sobre el control previo de fusiones y adquisiciones será aprobada en el Congreso en las siguientes semanas. Como se sabe, el objetivo de la futura ley es fomentar mayor competencia en la economía a través de la regulación de ciertas compras entre empresas que puedan llevar a un mercado muy concentrado.

Si bien es debatible que controles de este tipo cumplan con los objetivos que prometen –la evidencia internacional al respecto es poco clara–, lo cierto es que existe ya en el país suficiente voluntad política para dar luz verde a la propuesta que llegue al pleno. El Indecopi, la SBS, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las comisiones de Economía y de Defensa del Consumidor del Congreso (encargadas del dictamen de la norma), entre otros, han sugerido ciertas modificaciones, pero en líneas generales respaldan la iniciativa. En la medida en que su aprobación parece solo cuestión de tiempo, se requiere diseñar la legislación con sumo cuidado para evitar eventuales intromisiones innecesarias e ineficientes del Estado en la actividad económica.

Entre los principales puntos a afinar está la definición clara de los umbrales a partir de los cuales una unión empresarial tendría que pasar por el visto bueno del Indecopi. Umbrales basados en una cuota de mercado máxima –como los que se plantearon en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso– son poco predecibles porque dependen de una interpretación subjetiva del mercado relevante. Umbrales basados en monto de ventas o ingresos conjuntos de las compañías involucradas –expresados en UIT– tendrían mayor predictibilidad y objetividad.

Otro punto crucial de discusión es el cuidado especial sobre los controles de fusiones en el sector financiero. Ya la SBS manifestó su interés en tener opinión sobre las compras que se realicen en el sector que regula. Más importante aun es la posibilidad de que, frente a situaciones de crisis financiera, exista un mecanismo acelerado para aprobar fusiones o adquisiciones de la cartera comprometida antes que el problema se salga de control y arrastre a todo el sector financiero.

Quizá el punto más sensible, sin embargo, es la capacidad de la propia institución encargada de llevar a cabo el control: el Indecopi. Ivo Gagliuffi, presidente del organismo, indicó que “es importante concentrarse en determinados casos, en fusiones de impacto importante y, además, tratar de ver la menor cantidad de fusiones a fin de adquirir la experiencia necesaria”. Ello implicaría un presupuesto de S/6 millones para formar una división especial responsable del análisis técnico dentro del Indecopi.

Más allá de los recursos adicionales necesarios, el fortalecimiento de la independencia administrativa, económica y funcional del Indecopi –hoy adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)– es un punto por considerar si se le van a dar nuevas atribuciones que, en malas manos, podrían tener consecuencias económicas profundamente perjudiciales. Una eventual captura política del Indecopi es tanto más tentadora –y más riesgosa– cuanto mayor poder se le da a la institución.

La aprobación de la ley de control previo de fusiones acercará las políticas de promoción de competencia del Perú a los estándares internacionales. No por nada uno de los principales argumentos a favor de la norma era que la mayoría de países con los que solemos compararnos ya la tenía, y que era una sugerencia de la OCDE. Conviene recordar, sin embargo, que leyes de nivel OCDE también requerirán instituciones públicas de la misma talla para implementarlas adecuadamente. Y esa parte del debate parece aún ausente.