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Ayer, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) anunció que hoy paralizaría el servicio de cuatro de los cinco corredores complementarios que funcionan en la capital (el rojo, el azul, el morado y el amarillo) desde el inicio de sus operaciones hasta las 8 a.m. La medida fue finalmente dejada sin efecto tras acordarse una reunión entre la ACTU y la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, pero consideramos que es un síntoma de la retahíla de problemas que siguen aquejando seriamente la reforma del transporte público en Lima.
En la conferencia de prensa para comunicar la suspensión, Ángel Mendoza, gerente de la ACTU, dio a conocer las razones detrás de la decisión. Según explicó, la Municipalidad de Lima no ha garantizado, como se ha acordado, la exclusividad de las rutas que recorren los concesionarios, permitiendo que quienes proveen el servicio de manera informal depreden el mercado; una situación que les habría supuesto pérdidas económicas de hasta 105 millones de soles. A modo de respuesta, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado diciendo que las empresas estaban priorizando sus intereses sobre los derechos de los ciudadanos.
Sin duda la medida de la ACTU habría significado un dolor de cabeza para aquellos que usan los corredores complementarios para trasladarse temprano por la mañana. Sin embargo, estas circunstancias no deben hacernos perder de vista el problema de fondo que nuestras autoridades, por desidia o incompetencia, aún no logran remediar a cabalidad: la precariedad de nuestro sistema de transporte y la proliferación de la informalidad.
A todas luces, la Municipalidad de Lima ha fallado a la hora de cumplir el compromiso asumido de mantener la exclusividad de los corredores complementarios concesionados. Como mostró este Diario en un documental de nuestra campaña #NoTePases (que ha estado monitoreando este tema desde hace más de un año), los formales tienen poca chance de competir en las calles con los servicios informales en gran parte porque son numerosos y, sobre todo, por la debilidad de las herramientas existentes para regularlos. Recordemos, por ejemplo, que, durante su última gestión, el exalcalde Luis Castañeda, según estimados de El Comercio, inscribió 4.665 unidades de transporte público (entre coasters, combis y buses) y amplió, desde agosto del 2018 hasta diciembre de este año, las autorizaciones para las 339 empresas de transporte público (sin filtrar a las más infractoras) que operan en la capital y que integran a un total de 15.369 unidades.
Los fiscalizadores, además, no están dotados de la autoridad necesaria para limitar la circulación de estos vehículos (las sanciones que imponen suelen ser ignoradas por los choferes y no conllevan descuentos a los puntos del brevete) y la policía recién ha podido asumir un mayor rol en esta tarea desde hace poco más de un mes.
Con condiciones como estas no es extraño que, como informamos el año pasado, los colectivos amasen 2,2 millones de viajes diarios mientras que, sumados, el Metropolitano, los corredores viales y el metro de Lima alcanzan solo 1,6 millones.
Si bien señalar al alcalde Jorge Muñoz como el responsable de todo este trance sería mezquino, especialmente por la parte de la culpa que les concierne a sus predecesores, la reacción de la Municipalidad de Lima y su titular al anuncio de la ACTU ha dejado mucho que desear. En lugar de atender los problemas que Mendoza y sus acompañantes enlistaron, se eligió responsabilizarlos. Y mientras que es positivo que no se llegó a ejecutar la paralización, es evidente que ello no significa que el problema haya sido resuelto.
La suspensión abortada para hoy por la ACTU, en este sentido, nos permite reparar en la desventaja que nuestra ciudad aún tiene frente a la informalidad y lo mucho que tienen por hacer nuestras autoridades. Así como celebramos la creación de la Autoridad del Transporte Urbano hace casi un año, hoy hay que lamentar que aún no opere plenamente (el ente se mantiene a la espera de que el MEF culmine junto a Pro Transporte la cesión de las concesiones). Al mismo tiempo, cabe esperar que Jorge Muñoz muestre el mismo ahínco hacia los problemas con el transporte que demostró cuando era candidato y se le consultó sobre las combis piratas: “Fiscalización y orden. Principio de autoridad”, dijo en esa ocasión. Un nivel de decisión que hace falta en estos momentos.
