Editorial: ¡Costa Rica, campeona!

Costa Rica no solo ha hecho noticia en el Mundial. Luis Guillermo Solís, su flamante mandatario, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días cuando tomó una decisión muy poco usual por este lado del planeta: ha prohibido colocar su nombre en las placas conmemorativas que se colocan en las obras públicas y ha ordenado quitar su retrato de las oficinas de los funcionarios estatales. La lógica que ofreció Solís para justificar su medida es impecable: “Las obras son del país, no de un gobierno o funcionario en particular. El culto a la imagen del presidente se acabó, por lo menos en mi gobierno”.

El ministro de la Presidencia de Costa Rica hizo eco de esta explicación. Según él, se busca que los ciudadanos recuerden que quien hace posible las obras públicas no es el gobierno sino los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Con este tipo de políticos, no sorprende que Costa Rica sea la democracia más antigua de América Latina ni el país más institucionalizado de la región. De hecho, no es la primera vez que un mandatario costarricense adopta una medida de este tipo. El presidente Rodrigo Carrazo, de 1978 a 1982, también decidió que no se consignaría su nombre en las placas conmemorativas que se colocan al inaugurarse las obras de infraestructura.

Como relata Rubén Guillemi, columnista del diario “La Nación” de Argentina, en el artículo que publicamos ayer, esta no es la única limitación costarricense al culto a la imagen del líder del país. En sus ciudades casi no hay estatuas de próceres ni de ex jefes de Estado. No existe residencia presidencial. El mandatario maneja a diario a su oficina sin guardaespaldas. E incluso está impedido por ley de participar en el debate de asuntos públicos, para que no pueda utilizar su encumbrada posición para tratar de imponer su opinión sobre la del resto de costarricenses.

¡Qué diferencia con lo que sucede en el Perú! Aquí, no solo el presidente sino también los ministros y cada autoridad que tiene la oportunidad coloca su nombre en todas las obras públicas que puede, como si ellos la hubieran financiado con su dinero o construido con sus propias manos (hay que recordar, sin embargo, que Fernando Belaunde sí tuvo la decencia de abstenerse de esta patética costumbre). Y ni hablar de cómo el diario “El Peruano” y TV Perú son utilizados luego para resaltar estos eventos.

Colocar fotografías del presidente en las instituciones públicas, por otro lado, tendría sentido si fuésemos una teocracia y él nuestro líder religioso supremo. No obstante, prácticamente el primer acto de todo gobierno es ordenar botar a la basura las fotos del mandatario saliente y reemplazarla por las del entrante. 

Como si eso no fuese suficiente, no ha faltado el presidente que nos “regaló” un enorme monumento que decora –con cuestionable gusto– la costa de la capital solo para que recordemos que él se encargó –con cuestionable transparencia– del manejo de nuestro país.

Por supuesto, en el Perú, este culto a la personalidad no se reduce al gobierno nacional. Basta recordar que en Lima las escaleras en los cerros construidas por la anterior gestión fueron pintadas de amarillo, el color del partido de Castañeda, y que luego muchas fueron cambiadas a verde, el color del partido de Villarán. Y, solo por poner otros casos pintorescos, no olvidemos que en el 2003 el entonces alcalde de Nuevo Chimbote construyó un monumento a la familia y usó como modelo su imagen, la de su esposa y la de sus dos hijos. Y el año pasado causó gran polémica la develación de una estatua en el distrito de Chilca, en Jauja, la cual tenía el rostro del burgomaestre.

El principal problema de todo esto, por supuesto, no es que las autoridades actúen así para tratar de adoptar aires de superioridad sobre el resto de ciudadanos. Si ese fuese el único inconveniente, se resolvería obligándolas a visitar un terapeuta que las ayude a superar una probable patología narcisista. El problema mayor es que todas estas obras y prácticas son usadas proselitistamente y se realizan con cargo a la billetera de la ciudadanía, la cual paga sus impuestos para recibir servicios públicos y no para alimentar el ego ni las campañas de estos personajes.