Editorial: Criolla fusión

La semana pasada, el congresista y vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, envió un oficio al señor Hugo Begazo, jefe de la Región Policial Lima de la Policía Nacional del Perú (PNP), para solicitar “el apoyo de personal policial y vehículos” en el restaurante La Trastienda de su propiedad. La razón –según alegó en la misiva– era garantizar la seguridad de las personalidades invitadas a la inauguración de su nuevo local comercial, que tendría lugar esa misma noche.

Tras conocerse lo ocurrido, Bruce se apresuró a disculparse y, en conversación con este Diario, alegó que hizo el pedido pensando únicamente en la protección de los invitados a su evento, entre quienes se encontraban otros congresistas, ministros de Estado y el propio presidente de la República. En su excusa, el parlamentario calificó apenas como un “descuido” el haber enviado la carta en un papel membretado del Congreso. “Quizá debí usar el papel de la oficina de mi empresa. Pero no lo hice para ahorrarme gastos de guachimanes […] No justifico mi error, pero fue básicamente por la premura del tiempo”, declaró.

Pese a la tónica de quietud que el legislador imprimió a dichas declaraciones, lo cierto es que estas no le restan gravedad a lo ocurrido y, por el contrario, revelan que el congresista Bruce no ha comprendido cabalmente la dimensión de su falta. La solicitud a la PNP no solo es deplorable por el membrete del papel utilizado, sino también –y principalmente– porque el contenido de la comunicación llevaba implícito el afán de valerse indebidamente de un cargo oficial para obtener un trato especial. Tanto desde el punto de vista ético como legal, no se puede justificar que un parlamentario requiera por vía oficial el apoyo de la PNP para un evento privado que nada tiene que ver con su función pública.

Por otra parte, la justificación que alega –la de que solo buscaba la protección de sus invitados– pierde asidero si se considera que todas las personalidades aludidas cuentan ya, por la naturaleza de sus cargos, con personal de seguridad asignado. Resulta evidente, entonces, que lo que buscó el congresista era conseguir de manera gratuita un servicio por el que cualquier otro empresario hubiese tenido que contratar seguridad privada, ya que, como dejó claro el oficial Begazo tras rechazar su pedido, “la PNP cubre servicios de carácter general y no de carácter particular”.

Lamentablemente, aún hoy, este tipo de prácticas –utilizar altos cargos públicos como instrumento para lograr ‘favores’ privados– parecen estar lejos de convertirse en extrañas en nuestro país. Solo en lo que va de este año, lo hemos observado ya con casos como el del ex asesor presidencial Carlos Moreno y su ‘negociazo’, o el del congresista fujimorista Lucio Ávila, quien solicitó al Ministerio de Educación que se amplíe un plazo administrativo vencido para que una universidad, de la que él había sido rector, logre una acreditación. Y durante el gobierno pasado, fue el mismo principio –aunque en un caso más grave y complejo– el que terminó por costarle a Omar Chehade su cargo como segundo vicepresidente. No sorprendería, así, que el “descuido” termine por costarle a Bruce una dura sanción de la Comisión de Ética del Congreso y la vocería de su bancada parlamentaria, como se viene especulando.

En el lenguaje cotidiano, calificamos como ‘criolladas’ aquellas conductas en las que alguien se salta las reglas para procurarse un beneficio. Irónicamente, el nombre comercial del restaurante de Bruce, La Trastienda-Criollo fusión, sirve también para describir lo ocurrido en su caso.