Editorial: Cuando el sol dejó de brillar

Ayer, la jueza María Álvarez Camacho dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, atendiendo parcialmente a un pedido de la fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato Milagros Salazar. Los otros dos investigados para los que se pedía la misma medida, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra, recibieron en cambio mandato de comparecencia con restricciones.

A Castañeda se lo investiga por la presunta comisión de tres delitos: asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos, acaecidos durante el tramo final de la campaña electoral y la primera parte de su última gestión en el municipio capitalino (2014-2018). En constreñido resumen, la campaña del 2014 de Solidaridad Nacional habría recibido US$480 mil de OAS y entre US$100 mil y US$120 mil de Odebrecht, que habrían servido para que ambas constructoras se vieran beneficiadas una vez que la gestión de Castañeda se instaló en el palacio municipal (con algunas obras o las modificaciones en algunos proyectos, por ejemplo).

De más está decir que la medida dictada ayer, más allá de la evaluación realizada por la magistrada sobre los elementos de convicción de los supuestos ilícitos perpetrados por el exalcalde, no ha resuelto nada respecto a la culpabilidad (o la inocencia) del señor Castañeda. A lo sumo, la audiencia ha servido para evidenciar que existe un caso bastante armado por parte de la fiscalía que debería concluir en un juicio.

No obstante lo anterior, y más allá de cómo termine el proceso legal, el exburgomaestre ha pasado a engrosar la ya adiposa lista de autoridades provinciales, regionales y presidenciales peruanas que han sido machacadas en los últimos años por la aplanadora que ha significado el Caso Lava Jato. Pensemos si no en que, por ejemplo, las tenazas que hoy cortan a Castañeda son las mismas que hace un año propiciaron una medida procesal similar contra su predecesora y acérrima rival en los comicios del 2014, Susana Villarán (con la que muchas veces intercambiaron duros señalamientos), y son también las mismas que han cortado a los principales contendientes a los que el líder de Solidaridad Nacional se enfrentó en las elecciones presidenciales del 2011: Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo…

Por supuesto que, más allá de la esfera jurídicamente pura, es innegable que la reclusión del señor Castañeda tiene (y tendrá) repercusiones políticas nada fútiles. Después de todo, y más allá de la aversión que llegó a despertar en algunos sectores de la ciudadanía, hablamos de un político que presidió Lima durante 12 de los últimos 18 años. Y que, para bien o mal, cambió por completo la ciudad con sus decisiones.

Así, no es exagerado decir, por ejemplo, que el tráfico que hoy padecen los limeños es en parte consecuencia de una autoridad que priorizó las obras fastuosas (él mismo, recordemos, llegó a decir que no le molestaba que lo llamasen “rey del concreto”) y que no se preocupó en filtrar al momento de ampliar la autorización a 339 empresas de buses y coasters para que sigan circulando, muchas de las que arrastraban millonarias multas por infringir las normas de tránsito.

La misma autoridad, además, a la que se le caían puentes, se le agrietaban los ‘by-pass’ –ambos recién construidos– y que, cuando era requerido por la prensa o los ciudadanos, solía sumirse en un silencio monacal (en el colmo del absurdo hubo que impulsar una iniciativa, Habla Castañeda, para que se viera obligado a contestar algunas preguntas). La misma autoridad, en fin, que nunca pudo despercudirse de las sombras que le echó encima el Caso Comunicore.

Luis Castañeda Lossio, ese político tantas veces presente en los últimos 20 años para los peruanos, es la última ficha que ha caído por el Caso Lava Jato. Y nada hace pensar que la cadena se terminará con él.