Editorial: ¿La cuarta es la vencida?

El miércoles por la noche, el ministro de Economía, Alonso Segura, anunció que el Consejo de Ministros ya había aprobado el cuarto paquete reactivador. Así, el gobierno espera, en palabras del ministro, ayudar a “reenganchar la economía” a través de una propuesta que se divide en cuatro componentes: reducción de tramitología, estímulo al consumo, cambios laborales y cambios tributarios.

En lo que toca a la reducción de la tramitología, hemos tenido una buena noticia, pues entre las medidas que se debatirán en el Congreso se estaría creando una certificación ambiental integrada. Hoy, a los estudios de impacto ambiental (EIA) les sigue un largo período de obtención de una serie de permisos. Con la certificación integrada, el gobierno busca que, al menos inicialmente, los EIA incluyan ya 12 de estas autorizaciones (entre ellas, por ejemplo, permisos de agua y de Osinergmin), lo que haría que –de funcionar como espera el gobierno– conseguir todo lo anterior demore siete meses en lugar de tres años. De concretarse, esta medida podría en efecto agilizar muchísimos proyectos mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricos y de infraestructura, solo por dar algunos ejemplos. Además, ha sido un acierto proponer fortalecer el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) otorgándole mayor presupuesto y capacidades, pues será la entidad encargada de este procedimiento.

Para incentivar el consumo, por otra parte, el gobierno busca inyectar directamente dinero a la economía. Para ello, ya ha establecido –mediante un decreto de urgencia publicado ayer–  que se destinará, por única vez, aguinaldos extraordinarios de S/.300 para 1,7 millones de funcionarios públicos y de S/.100 para los programas Juntos y Pensión 65. A esto, que se espera que, sin ser significativo, sí tenga un impacto a corto plazo aumentando el consumo, se le ha sumado la decisión del Ejecutivo de otorgar dinero adicional para que desde el gobierno se ejecuten pequeñas obras que se iniciarán en lo que queda del año y en el primer trimestre del 2015. Así, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha recibido S/.400 millones y el sector Educación S/.200 millones adicionales. El éxito de este desembolso de dinero dependerá, sin embargo, de la capacidad que tengan ambos sectores para gastarlo, pues de nada servirá si lo mantienen paralizado. 

En lo que toca a las medidas tributarias y laborales que se presentarán al Congreso, las más esperadas en todo el año, tenemos que, en general, se ha ido en la dirección correcta; sin embargo, no se ha tratado de una reforma profunda que vaya a lograr un impacto verdaderamente significativo en el PBI en los próximos meses.

El ministro Segura ha afirmado que se ha propuesto reducir a cero el arancel que se aplica a la importación de insumos, medida que se suma a la ya vigente reducción a cero del arancel para la importación de bienes de capital. Si bien así se estará reduciendo costos de producción y mejorando el clima para hacer negocios, lo ideal hubiese sido ir más lejos: por ejemplo, una reducción al Impuesto a la Renta, que incentivaría verdaderamente el consumo y volvería el país más atractivo para la inversión. 

Acerca de las medidas laborales, el gobierno ha anunciado la creación de un régimen especial para promover la contratación de menores de 24 años, que incluirá medidas como el reembolso a las pequeñas y medianas empresas de los costos de seguridad social que estos trabajadores le signifiquen e incentivos fiscales por su capacitación. Aunque esto será positivo en el mediano y largo plazo, nuevamente sentimos que no se trata de una reforma de fondo. Si queremos que el Perú sea un país más atractivo para los negocios, es imperante abaratar la contratación, flexibilizando, por ejemplo, el régimen de despidos y reduciendo los sobrecostos laborales. Recordemos cómo siete de cada diez peruanos siguen trabajando en la informalidad y cómo la actual regulación está pensada solo para favorecer a una minoría privilegiada a costa de la exclusión de la mayoría de trabajadores que se ven forzados a laborar sin ningún tipo de protección legal.

Lo más seguro es que el Ejecutivo haya pecado de tímido en su propuesta porque sabe que no contaría con el apoyo político para ir más allá. Lo cual, entre otras cosas, lamentablemente restringe las posibilidades de todo el país de salir adelante.