Editorial: Los cuatro fantásticos (del proteccionismo)

Hacia finales del gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, los bienes importados que entraban al Perú debían pagar, en promedio, un arancel equivalente al 70% de su valor. No era inusual entonces encontrar bienes cuyo precio era dos o tres veces más alto que el valor original debido a los impuestos aplicados a su importación. Peor aún, si el bien buscado se encontraba dentro del tristemente célebre Registro Nacional de Manufacturas (RNM), entraba en efecto una prohibición absoluta de importarlo debido a que podía competir con la industria nacional.

Desde entonces el Perú ha avanzado significativamente en materia de política comercial. El arancel efectivo hoy se encuentra en 1,2% –uno de los más bajos de la región–, y el 76% de nuestras importaciones pagan 0% de arancel. Estas mejoras no solo han permitido que las empresas nacionales redirijan sus esfuerzos de producción hacia bienes en los que el Perú tiene alguna ventaja comparativa en el contexto internacional, sino que, sobre todo, han dado la oportunidad a los consumidores de adquirir mayor variedad de productos –nacionales y extranjeros– de mejor calidad y a menor precio.

Hay, sin embargo, ciertos productos claves que –por motivos ignotos– han podido resistir exitosamente la liberalización del comercio internacional. En concreto, el gobierno utiliza la llamada franja de precios para ‘estabilizar’ el valor de importación del arroz, azúcar, leche y maíz.

El mecanismo funciona así: a partir del promedio del precio internacional de los últimos cinco años, el gobierno impone un nivel máximo y un nivel mínimo de precios de importación para estos productos, de modo que si el valor actual está por debajo del mínimo se aplican aranceles –que encarecen el producto–, en tanto que si el valor está por encima del máximo se introducen subsidios –que abaratan su precio–.

En el contexto actual de caída global de precios, el mecanismo de la franja de precios está funcionado en la práctica como una barrera proteccionista en favor de algunos afortunados productores locales y en perjuicio de millones de consumidores. En efecto, dado que los precios de estos cuatro productos fueron mucho mayores del 2009 al 2014, hoy el arancel al maíz es de 47%, al arroz de 29%, al azúcar de 70% y a los lácteos de 37%.

Como en tantos otros casos en los que pocos se benefician a costa de muchos gracias a la intervención del gobierno, no faltan aquellos que argumentan que estos productos no son como los demás, que merecen un trato especial, una protección excepcional y exclusiva que los guarde de los vaivenes del mercado. Lo cierto, sin embargo, es que fue justamente la liberalización de las políticas comerciales las que permitieron que el agro peruano cuente historias de éxito como las de los espárragos, los mangos y las alcachofas; historias que se lograron sin aranceles ni cuotas a la importación.

Las políticas proteccionistas, por el contrario, incentivaron inversiones con bajo rendimiento que solo resultaban atractivas en vista de cercenar la competencia extranjera y las opciones de los consumidores. De hecho, en muchos casos no son ni siquiera los agricultores pobres los directamente beneficiados con este tipo de intervenciones, sino los intermediarios y acopiadores de los productos protegidos.

Lo grave, además, es que estos productos –al ser insumos de varios bienes– tienen un impacto significativo en la cadena productiva. Desde pollos y cerdos hasta chocolates y galletas, el precio artificialmente elevado del maíz, azúcar, arroz y lácteos se traslada a otros productos que necesitan dichos insumos en su proceso de producción. Solo en el caso del pollo, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que las familias peruanas pagan hoy un sobrecosto de S/.1.260 millones al año, dinero que va a subvencionar a los productores locales de maíz.

Así, cuando el gobierno distorsiona las decisiones económicas para beneficiar a empresas que no han logrado ganar la preferencia de sus clientes en igualdad de condiciones, es siempre finalmente el consumidor –es decir, las familias peruanas– quien termina pagando de más por las generosas protecciones del Estado a un grupo de afortunados productores.

El Perú ha avanzado mucho en las últimas décadas en la liberalización de su política comercial, pero aún quedan temas pendientes; revisemos la franja de precios y terminemos la tarea de liberalización para incentivar mejores decisiones de inversión en nuestros productores y, al mismo tiempo, dejar más dinero en los bolsillos de la gente.