Editorial: Las cuentas de la peste

El lunes pasado, el Juzgado Penal 43 de Lima declaró fundado en parte el hábeas corpus que presentó Nadine Heredia contra la investigación por lavado de activos que le abrió la fiscalía en enero. Si bien aún quedan instancias superiores de apelación, el fallo dictamina que el fiscal Ricardo Rojas no podrá investigar la procedencia de los depósitos por más de US$216 mil a favor de la primera dama realizados de octubre del 2005 a marzo del 2009. 

Este fallo puede parecer un respiro temporal para la señora Heredia. Respiro que podría volverse definitivo si es luego ratificado por la segunda instancia. Y que vendría a sumarse, por otra parte, al aparente otro respiro proporcionado este domingo por un informe periodístico que ha hablado de la existencia de ciertas cuentas bancarias en Suiza que –el informe afirmaba sin llegar a probarlo– pertenecerían en realidad a la señora Heredia. Después de todo, nada mejor que una acusación no bien probada –al menos a la fecha, habrá que ver si el programa en cuestión termina de construir su caso el próximo domingo– para dar la sensación de una persecución injusta. 

Temporal o definitivo, sin embargo, este ‘respiro’ nunca será ni completo ni real, mientras no haya una investigación que pueda aclarar de manera firme las severas dudas que han surgido respecto a las finanzas de la primera dama y las del movimiento político que ella ahora preside por algunos hechos que sí han quedado claramente demostrados. Mientras estos hechos no sean debidamente investigados y explicados, las dudas que generan se contagiaran como una peste a todas las acciones futuras –y también pasadas– de la primera dama, incluyendo, desde luego, sus proyectos electorales. 

Estos hechos son varios y se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Nosotros los detallamos en un informe el domingo pasado. El más reciente en confirmarse frente a la luz pública fue este: la llegada, en el 2005, de dinero venezolano a las cuentas de la madre y de una amiga íntima de la señora Heredia –Antonia Alarcón y Rocío Calderón, respectivamente–. Como se ha puesto de relieve ya varias veces, la circunstancia de que el ‘donativo’ fuese depositado en cuentas de personas solo allegadas a quienes estaban dedicados al proyecto nacionalista y no de los directamente involucrados en él ya es sospechosa. Pero el detalle de que de los US$86.501 enviados por la empresa Kaysamac, luego solo US$24.250 fueran trasladados a una cuenta de la señora Heredia –y bajo la versión inicial de que se trataba del pago de algunos préstamos personales– despierta franca alarma. ¿Qué fue de los otros US$62.251? ¿Se han quedado hasta ahora en poder de las señoras Alarcón y Calderón, o llegaron de alguna forma ‘no bancarizada’ a las manos de la actual primera dama? Y si eso fuera así, ¿se gastaron efectivamente en el empeño político para el que fueron donados?

Por otro lado, la relevancia del destino final de ese dinero –que por no representar una cifra exorbitante no debe dejar de ser fiscalizado– ha cobrado especial vigencia en estos días, a raíz de la divulgación de las compras que la esposa del presidente hizo durante este gobierno, precisamente, con una tarjeta de crédito ‘adicional’ a la de Rocío Calderón (es decir, solventada por los fondos con que ella pudiera contar).

No estamos discutiendo, entonces, “las compras de dos señoras” o absurdas objeciones a que la primera dama “se tome su chocolate en Nueva York”, como ha dicho el presidente Ollanta Humala, sino de la transparencia de la que hace falta dotar al trayecto de unos fondos que se desconocían al momento de archivar el caso en el 2010 –circunstancia que motivó el fallo parcial a favor del hábeas corpus– y que tiñen los manejos financieros de la señora Heredia de una opacidad de origen y contagiosa. Porque si de chocolate hemos de hablar, habría que recordar que el dicho recomienda que este sea espeso, pero las cuentas, claras.