Editorial:Curando la salud estatal

Hace unos días Pro Inversión otorgó la buena pro de la gestión del Hospital del Niño de San Borja por medio de la modalidad de asociación público-privada (APP). La noticia es un hito en el sentido en que marca el comienzo a gran escala de la inversión privada en la prestación de los servicios de salud pública y ayuda a romper, por tanto, tabúes hasta hace poco sagrados con los que la actual ministra, muy meritoriamente, parece haberse propuesto acabar. 

También sirve para ejemplificar en varios sentidos por qué esta puede ser una manera de mejorar considerablemente nuestros servicios públicos de salud (que de acuerdo con una encuesta nacional realizada por Datum el año pasado son calificados como malos por el 80% de los peruanos). Acaso el más obvio de estos beneficios sea el que supone pasarle la responsabilidad del manejo de la gestión hospitalaria a una persona o grupo de personas (los accionistas de la empresa) que, a diferencia del Estado, verá incrementado o disminuido su patrimonio personal según los resultados que obtenga en ello. Esto, al tiempo que se disminuye la carga de trabajo que el Estado tendrá que soportar para dar el mismo servicio: ahora en el mencionado hospital, “hacer bien su trabajo” (al menos en la parte de gestión) significará para el Estado simplemente fiscalizar correctamente que su concesionario cumpla con los resultados y estándares que le exige el contrato y aplicarle las sanciones pecuniarias correspondientes cuando no lo haga. 

Naturalmente, esto cambiará radicalmente los incentivos con que se venía manejando la gestión del Hospital del Niño y que consiguieron, por ejemplo, que los modernos equipos que hace relativamente poco fueron adquiridos para el mismo hayan podido ser usados solo al 20% o 30% , según los casos, de su capacidad –pese a que el hospital ha sido inaugurado ya dos veces (y por dos presidentes sucesivos).

Por otro lado, el ejemplo de esta licitación también enseña cómo, además de servir para dotar de  eficiencia privada  a los servicios públicos y reducir la carga del Estado, la participación privada en estos servicios puede servir para bajar sus costos (y, por lo tanto, para hacer que los soles del Estado le permitan servir a cada vez más personas). Es decir, las licitaciones no solo sirven para pasar trabajo estatal a los privados, sino también para que estos compitan entre ellos por cobrar menos para hacer este trabajo. Así, en el caso del Hospital del Niño, la licitación le ha ahorrado S/.17 millones anuales al Estado: este estaba dispuesto a pagar hasta S/.49 millones anuales por el servicio de gestión pero para ganarse la buena pro el consorcio ganador ofreció hacerlo por S/.31 millones.

La idea de Midori de Habich parece ser continuar con este sistema. Pro Inversión ha anunciado que tiene un encargo del Ministerio de Salud para concesionar los servicios de “bata gris” en otros 20 hospitales. Recordemos que en el argot del sector se conoce como servicios de “bata gris” a los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura clínica y no clínica de los centros de salud y a la gestión de los servicios generales que estos centros requieren, tales como alimentación, lavandería, limpieza, seguridad y gestión de residuos hospitalarios. De estos servicios, por cierto, depende muy buena parte de la calidad de la atención hospitalaria: el año pasado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo analizó el estado de un centenar de hospitales en todo el país y encontró que un 41% de sus equipos debía ser reemplazado o reparado, y que  un 30% de las áreas de cirugía y obstetricia no contaba con soluciones antisépticas, por citar solo dos ejemplos. 

Desde luego, lo anterior no quiere decir que sea posible una reforma radical de la salud pública que haga realmente la diferencia y que no incluya a la “bata blanca”: los médicos.  La buena noticia es que la ministra de Habich viene dando muestras de estar también dispuesta a tomar ese toro por las astas y no ha cedido a una huelga (sostenida hoy, por lo demás, solo por un grupo minoritario de los médicos del sector salud) que en realidad es contra las APP, contra la nueva escala salarial meritocrática y en defensa del statu quo. Ciertamente, lo de los incumplimientos del ministerio es una excusa mentirosa para esta huelga: el sector ha cumplido con los aumentos (tanto los generales como los ajustados según el lugar de prestación del servicio, así como los destinados especialmente a la atención primaria)  que acordó con los médicos hace un año como parte de la introducción de la nueva escala. Esos aumentos, este año, han supuesto un incremento de los gastos estatales en salud de S/.770 millones.  

Si el ministerio, en fin, continúa sin ceder a esta huelga,y sigue adelante con la nueva escala y las APP, puede muy bien que estemos viendo, para gran mérito de este gobierno, un comienzo histórico: el de la curación de la desde hace ya muchas décadas crónicamente enferma salud pública peruana.