Editorial: Propósito de enmienda

Desde el inicio, el 2017 fue un año marcado por los vaivenes políticos y económicos que trajo el destape de las ramificaciones locales del Caso Lava Jato. El ritmo de la agenda política lo marcaron las comisiones del Congreso, la actuación de la fiscalía, las declaraciones que llegaban desde Brasil, los vínculos del presidente Kuczynski con Odebrecht, la demanda por prisiones preventivas, entre otros varios hechos. El ritmo de la agenda económica –la menos popular– lo marcó, básicamente, el Decreto de Urgencia 003. 

Como se sabe, el D.U. 003 es una norma, emitida en febrero del 2017 y con un año de vigencia, que pretendía asegurar el cobro de la eventual reparación civil que tuvieran que pagar las empresas involucradas en actos de corrupción. Su segundo objetivo era evitar que el escándalo arrastre a la economía nacional a una paralización forzada. 

A cinco días de su vencimiento, se puede decir con seguridad que los objetivos del D.U. se cumplieron de manera muy parcial. Quizá lo más importante que logró la norma fue evitar que los activos y participaciones se vendieran prematuramente y salieran del país para evitar los pagos debidos. Más allá de eso, el monto de la reparación civil acumulado a la fecha (S/25 millones) es bastante bajo para la envergadura del problema, las ventas de los activos no se han podido concretar, muchos proyectos han sido parados, varias empresas vinculadas al sector han cerrado, y la incertidumbre sobre el futuro de decenas de compañías y sus miles de empleados es significativa. 

Es en este contexto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el miércoles un proyecto de ley al Congreso que sustituiría los alcances del D.U. 003. Los objetivos ahora son tres: asegurar la reparación civil, mantener la cadena de pagos para que la economía siga andando y fomentar la colaboración eficaz. El balance técnico entre estos tres objetivos simultáneos es complejo y será materia de debate en el Congreso. 

Ciertamente, el proyecto de ley del Ejecutivo mejora la situación de incertidumbre en la que las empresas involucradas, y el mercado en general, se encuentran hoy. A través de un sistema de fideicomisos con contribuciones fijas –en vez de las determinadas libremente por la procuraduría–, las compañías asociadas o investigadas ganan predictibilidad sobre sus ingresos futuros y operaciones. Y lo mismo sucede con sus clientes, proveedores, financistas e incluso eventuales compradores. Las empresas investigadas por el llamado ‘club de la construcción’ (el grupo de compañías a las que se acusa de coordinar y repartirse las adjudicaciones de Provías Nacional) podrán también acogerse voluntariamente al esquema del fideicomiso para ganar certidumbre frente al mercado. 

Hay, por supuesto, propuestas polémicas en el proyecto de ley que serán largamente debatidas. Las dos principales son, primero, la posibilidad de que estas empresas investigadas puedan seguir contratando con el Estado y, segundo, que exista un espacio para negociar la colaboración eficaz a cambio de mejores condiciones en la reparación civil. Sobre esto último, es claro que nadie quisiera reducir la dimensión del resarcimiento social que cualquier empresa corrupta le debe al país, pero también es verdad que dar los incentivos correctos para que la colaboración eficaz sea, precisamente, eficaz, es cuanto menos igual de importante. Aquellos que de manera maximalista claman a favor de condiciones irrazonablemente duras para las empresas involucradas en realidad desalientan el intercambio de información necesario para esclarecer todo lo sucedido y poner fin a esta etapa. 

La premura con la que se ha presentado este proyecto de ley –a una semana de que concluya la vigencia del D.U. 003– es incomprensible de parte del Ejecutivo. Sin embargo, la propuesta contiene elementos que vale la pena debatir y eventualmente implementar. La demostrada inoperancia del D.U. 003, la necesidad de sancionar a los responsables y la economía del país lo demandan.