Editorial: Los decretos del 2020

En junio del 2011 el candidato Ollanta Humala fue elegido presidente de la República luego de una campaña electoral en la que –valiéndose de su experiencia militar– resaltó su disposición y habilidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. Cuatro años más tarde, el crimen y la delincuencia permanecen como la principal preocupación de los peruanos. 

El Ejecutivo acaba de emitir una serie de decretos legislativos –en el marco de las facultades delegadas por el Congreso– en un intento por reducir las tasas de victimización y cumplir así una de las principales promesas de campaña del nacionalismo. Dado que esta es posiblemente la última oportunidad de la administración del presidente Humala para emprender reformas significativas en esta materia, su relevancia no es menor. Entre las iniciativas presentadas hay algunas muy interesantes, unas menos y otras ausentes.

Entre las que posiblemente tendrán un buen impacto destaca el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Como se sabe, la idea es permitir la participación del sector privado en un ámbito que ha sido abandonado por décadas en el sector público. Las empresas competirán por ofrecer al precio más bajo la alternativa más segura de construcción de penales, los mejores programas de rehabilitación, el equipamiento de seguridad de última tecnología, el control más estricto de visitas, entre varios otros atributos que hoy brillan por su ausencia en los centros penitenciarios del país, sobre todo fuera de Lima.

Luego de varios intentos, es encomiable también que por fin se haya formalizado la eliminación del sistema llamado 24x24 y que ello, en principio, venga acompañado de un aumento significativo y progresivo en las remuneraciones de los agentes del orden. La naturaleza de la función policial exige una dedicación exclusiva a la labor y el tener “policías a medias” ha sido uno de los motivos citados de manera constante por especialistas como una de las causas de la pérdida de terreno de la PNP frente a la delincuencia. 

Los impactos de buena parte de las medidas incluidas en los decretos legislativos, sin embargo, son menos claros. Por ejemplo, la evidencia que respalda el potencial efecto de los tres decretos legislativos orientados a elevar las penas a los que delinquen es, a lo mejor, inconcluyente. Los criminales suelen ser disuadidos y cometer menos delitos cuando perciben que la posibilidad de ser capturados es mayor, pero normalmente no están informados si su acción conlleva penas de 10 o de 20 años. 

Asimismo, es cuestionable que normas como las promulgadas para combatir el abandono de vehículos en la vía pública, para fiscalizar vehículos menores o para regular la videovigilancia, solo por mencionar algunas de las emitidas por el Ejecutivo recientemente, vayan a tener un efecto significativo sobre las tasas de criminalidad. En el caso de la geolocalización, además, se otorga a la PNP facultades que en realidad competen al Poder Judicial y se abren así las puertas para potenciales atropellos de derechos ciudadanos básicos.

Finalmente, el gobierno habría dejado pasar la oportunidad para impulsar dos reformas urgentes. La primera es el mejoramiento de los equipos e infraestructura policial. Con un 60% de comisarías que no cuentan con Internet y un 10% que no tienen ni teléfono, las carencias materiales terminan limitando enormemente el combate contra el crimen. La segunda es el fortalecimiento de la formación y la capacitación continua para policías. Las nuevas normas y los equipos tecnológicos servirán de poco si el capital humano de la PNP está poco preparado para enfrentar delincuencia cada vez más organizada y sofisticada.

La inseguridad no debe ser entendida como un fenómeno aislado o de responsabilidad exclusiva de la PNP. Más allá de la necesaria y aún deficiente comunicación entre el Ministerio del Interior, la fiscalía y el Poder Judicial, la próxima campaña electoral será la oportunidad para que los candidatos expongan una visión integral y efectiva de combate contra la inseguridad, una visión que, esperemos, nos evite la necesidad de promulgar nuevos decretos legislativos en el 2020.