Editorial: En defensa de los ‘opinólogos’

El lunes de esta semana el presidente Ollanta Humala asistió a la ceremonia de graduación de la nueva promoción de la Policía Nacional, en la Escuela de Oficiales de Chorrillos. Allí, durante su discurso, evidenció la contrariedad que le provocan quienes expresan en voz alta su disconformidad frente a la penosa situación en la que se encuentra la seguridad ciudadana en el país.

Pero no refutó a esos críticos, como habría cabido esperar, con cifras y argumentos, sino que sencillamente procedió a descalificarlos personalmente para emitir juicios sobre el sector Interior. Sobre todo, a aquellos que alguna vez habían estado vinculados a él. 

“Les pido más respeto a tantos ‘opinólogos’. Aquí todos creen que pueden opinar o que saben de seguridad ciudadana –dijo–. Muchos de estos ‘opinólogos’, inclusive, han sido ministros y vean su ejecución presupuestal, tan pálida y tan tímida que no deberían tener autoridad moral para criticar a la Policía Nacional”.

Con unas cuantas frases, pues, el mandatario se las ingenió para redondear una pieza retórica en la que combinó desdén e intolerancia hacia los apuntadores de uno de los aspectos más negativos de su gobierno. O, como él prefiere llamarlos (porque no es la primera vez que ensaya el vocablo): ‘opinólogos’.

De hecho, el primer ingrediente de su acometida retórica fue este término, pues aunque no esté registrado en los diccionarios académicos, sus matices despectivos no son difíciles de rastrear. En general, se lo usa para aludir a quienes supuestamente quieren hacer pasar una observación subjetiva por una construcción racional o científica. O, también, a quienes, sin tener especialidad conocida, se animan a lanzar sentencias consagratorias o de condena sobre casi cualquier tema. Así, tendríamos ‘opinólogos’ que peroran sin ilustración que los asista sobre el fútbol, la gastronomía, la farándula y, aparentemente, también la administración del poder. En buena cuenta, se podría decir que el neologismo en cuestión es un sinónimo de ‘charlatán’. 

El presidente, no obstante, no se limitó a restarles calificaciones a los críticos de la actual gestión en la cartera de Interior, sino que también cuestionó su derecho a opinar en general, estableciéndoles requisitos para ejercerlo. No está de más aclararle al jefe de Estado que, en una democracia, no es que todos ‘crean’ que pueden opinar, sino que todos en efecto tienen el derecho, protegido por la Constitución, de hacerlo. Pero más allá de eso (que pudo ser simplemente una forma poco prolija de expresarse), lo realmente descaminado fue lo que señaló a continuación. Esto es, que para opinar sobre la seguridad o la situación de la Policía Nacional en el país habría que tener una imprecisa ‘autoridad moral’ de la que todos aquellos que hubiesen pasado por el despacho que hoy ocupa el ministro José Luis Pérez Guadalupe sin ejecutar adecuadamente su presupuesto carecerían. Un anatema que parecía aludir a ex titulares del sector como Fernando Rospigliosi o Remigio Hernani, que hoy integran proyectos políticos distintos al oficialista y no se han ahorrado críticas a quienes han desempeñado el cargo durante este gobierno.

La tesis del mandatario, sin embargo, no resiste el menor análisis. No solo porque una eventual mala gestión no le suprime el derecho de opinar a nadie, sino porque los problemas de inseguridad y violencia durante la presente administración responden a omisiones mucho más serias que la ejecución deficiente de un presupuesto.

Tienen que ver, más bien, con una ausencia absoluta de ideas sobre qué hacer frente a una realidad abrumadora y la inexistencia de la menor voluntad de reformar la institución policial, atravesada por la ineficiencia y la corrupción desde hace demasiado tiempo. El equipamiento de comisarías y efectivos con el dinero del presupuesto es necesario pero no suficiente para revertir un estado de cosas en el que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 88,2% de los peruanos se siente inseguro en las calles.

En lugar de denigrar a los ‘opinólogos’, entonces, el presidente tendría que escucharlos. No solo porque al emitir sus juicios están ejerciendo ellos un derecho que los asiste, sino porque quizá podrían darle alguna sugerencia que alumbre el tramo final de su gestión a propósito de una materia sobre la que en los espacios cerrados del poder parece reinar la oscuridad más absoluta.