Editorial El Comercio

Ayer se llevó a cabo en todo el país el proceso para elegir a las autoridades subnacionales –regidores, alcaldes y gobernadores– que nos acompañarán en los próximos cuatro años, pero hay que decir que este todavía no ha concluido.

En lo que respecta a la capital, anoche, el conteo rápido de Ipsos-América Televisión al 100% mostraba un final de fotografía para la alcaldía de Lima, donde los candidatos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Daniel Urresti, de Podemos Perú, de los sufragios. Una circunstancia nunca antes vista y que, de alguna manera, ratifica los resultados de la encuesta a boca de urna que se habían difundido a las 5 de la tarde y de las primeras mediciones del conteo rápido de la citada casa encuestadora.

Con lo que es a todas luces un empate estadístico, resulta crucial entonces que ambos postulantes se conduzcan con la responsabilidad y la mesura que la situación demanda. A estas alturas, elucubraciones sobre supuestos complots urdidos para perjudicar a alguno de ellos o anuncios prematuros de victorias antes de que el resultado final sea certificado por las autoridades competentes solo serviría para mellar la salud de un sistema electoral que ya se vio afectado tras los comicios del año pasado, cuando la candidata presidencial Keiko Fujimori, de, extendió hasta más allá de lo razonable su derecho a objetar los resultados.

Mientras que, en regiones como Amazonas, Cajamarca, Lambayeque o Piura, en la medida en que ningún aspirante a gobernador habría conseguido superar la barrera del 30% de las preferencias, lo más probable es que exista una segunda vuelta entre los dos primeros. Por lo que, como mencionamos al inicio, todavía la definición de varios de los cargos por los que millones de peruanos fuimos a votar ayer tomará tiempo y ello significa que los postulantes, los partidos políticos y los ciudadanos debemos actuar con la madurez que esta tesitura requiere.

Pero si bien es cierto que quedan pendientes algunas definiciones de la jornada electoral, también es justo decir que esta trajo algunas lecciones que podemos ir extrayendo desde ya y que conciernen directamente a los partidos políticos que disputaron la segunda vuelta electoral del año pasado; es decir, y Fuerza Popular.

En el caso del partido oficialista, resulta especialmente revelador lo sucedido con su candidato a la alcaldía de Lima, Yuri Castro, que habría quedado último según las mediciones difundidas anoche, con el 1,7% de los sufragios. Además, Perú Libre y Fuerza Popular –siempre según las cifras difundidas por Ipsos-América TV– no habrían conseguido hacerse con ninguna gobernación regional ni ninguna alcaldía en los distritos de la capital (aunque es cierto que el fujimorismo nunca fue particularmente fuerte en este tipo de contiendas).

El resultado, por supuesto, es un fracaso sin atenuantes para el Gobierno y para el partido que alcanzó nada menos que la presidencia de la República hace menos de un año y medio. Al ver esta debacle del partido del lápiz uno no puede sino preguntarse hasta qué punto los trances legales en los que se halla inmerso hoy el presidente Pedro Castillo, así como su probada incompetencia para gobernar y la manera cómo el carnet de Perú Libre ha fungido como el elemento principal para ocupar puestos dentro del sector público en desmedro de la meritocracia y la carrera pública, no han jugado contra sus propios intereses. De alguna manera, puede decirse que, si ayer los peruanos se negaron a darle el voto al partido oficialista, es porque desaprueban (como, de hecho, también lo recogen las diversas encuestas que se hacen al respecto) la manera cómo vienen manejando el Ejecutivo y ponen en duda sus capacidades para gestionar otras plazas.

Finalmente, es importante mencionar que, más allá de los resultados de los comicios de ayer, los candidatos que pidieron el voto popular comparten –todos ellos– una responsabilidad general para preservar la credibilidad del sistema democrático que les permitió aspirar a liderar su circunscripción.

Editorial de El Comercio