Editorial: Democracia a cuotas

Tras la segunda jornada del diálogo promovida por el gobierno, la representación nacional se ha abocado a discutir, y eventualmente aprobar, diversas reformas electorales. Algunas de ellas –como por ejemplo las que buscan hacer transparentes las fuentes de financiación de los partidos políticos– apuntan sin duda a una profundización de la democracia, y otras –como la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes– son discutibles. Pero existen también algunas cuyas consecuencias son claramente negativas, como por ejemplo la que propone la alternancia de género en la conformación de las listas parlamentarias y de los consejos regionales y municipales. 

En la actualidad, la ley exige la presencia de, por lo menos, un 30% de mujeres en cada una de esas listas –lo que, como explicaremos, ya es bastante arbitrario–, pero no incluye indicación alguna de cuál es el orden en el que ellas deben ser incluidas en las mismas. En este sentido, el proyecto de ley presentado –que ha sido promovido también por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)– forzaría a que el orden en que se consignan los nombres mantenga una alternancia de género. Es decir, que se coloque a una mujer y luego a un hombre –o viceversa– hasta completar la cuota aprobada o toda la lista. 
El domingo pasado, la congresista Rosa Mavila (de la bancada de Acción Popular-Frente Amplio) reveló a este Diario que 28 legisladores de diversos partidos insistirán próximamente en que se discuta y apruebe esta medida, tal como recomendó la Mesa Multipartidaria de Mujeres Parlamentarias al examinar la reforma electoral que está hoy en debate. Y la actual presidenta del Consejo de Ministros se ha pronunciado recientemente también a favor de la misma. 

Por otro lado, en julio del año pasado, la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, pidió al Congreso que se evaluara la elevación de la cuota de género al 35%, puesto que, a su criterio, “solo así se podrá garantizar que la representación efectiva de las mujeres se corresponda con las relaciones de paridad entre ambos géneros”. Y su propuesta aún está vigente.

Si se les sumase, además, a estas dos iniciativas, la supresión del voto preferencial –que también algunos sectores políticos plantean en estos días–,tendríamos como resultado que las listas entrarían al Congreso o el consejo regional siguiendo el orden en el que fueron confeccionadas, lo que, de primera impresión, puede parecer un ejemplo paradigmático de democracia, pero no lo es. 

Pensándolo detenidamente, en realidad lo único que conseguirían reformas como estas es atentar contra el derecho fundamental de la participación política en condiciones de igualdad que asiste a todo ciudadano, consagrado en el artículo segundo de nuestra Constitución. Esto quiere decir que cualquier peruano adulto puede participar en las elecciones para un cargo público sin que otro aspirante a la misma posición goce de algún privilegio o cupo especial para acceder a ella. O, dicho de otro modo, que sean los votos emitidos libremente por cada uno de los electores, y no cuotas o posiciones en una lista impuestas a través de leyes, lo que determine quiénes serán nuestros representantes políticos en tal o cual instancia de poder. Iniciativas como esta prescinden del apoyo que cada postulante obtendría entre la población sin esas restricciones, lo que equivale a ofrecernos una democracia a cuotas. 

Igualdad de género significa comenzar la carrera en el mismo punto; no tener garantizado un lugar en el podio. Anteponer un grupo por encima de otro (hombres frente a mujeres hoy, blancos frente a negros hace un siglo) es todo lo contrario a la igualdad: es discriminación. Y como la experiencia histórica nos demuestra, cualquier tipo de discriminación, por bienintencionada que parezca, siempre termina siendo perjudicial. Estas ventajas artificiales, además, reducen los incentivos de los beneficiados para mejorar su oferta política –ya tienen  cupos asegurados– y hacen lo propio también con los perjudicados –no importa cuánto se esfuercen en la arena política, su número de cupos está asignado–.

Tal y como sucede en otros campos, el fortalecimiento democrático y de la igualdad de género no se crean con una ley. Y las mujeres, por lo demás, han demostrado hace tiempo que no necesitan de prótesis legales para destacar en la política nacional o internacional. Una reflexión que resulta particularmente oportuna en la fecha que hoy se celebra.