Editorial: Denunciar al denunciante

Paola Ugaz, la periodista que sola o en colaboración con colegas ha desarrollado en los últimos años diversas investigaciones sobre los abusos que se habrían cometido dentro de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), así como sobre ciertos negocios relacionados con algunos de sus integrantes, había sido ya demandada tres veces por personas vinculadas con esa organización cuando, a mediados del mes pasado, fue notificada de dos nuevas citaciones por un igual número de flamantes querellas. Ambas, además, de un origen bastante similar al de las denuncias anteriores.

De hecho, podría decirse que uno de los ciudadanos que ha interpuesto una de las nuevas denuncias es en realidad un viejo conocido suyo: Carlos Alberto Gómez de la Torre. La querella es por el presunto delito de difamación agravada a raíz de un reportaje difundido por la cadena internacional de televisión Al Jazeera (y sobre el que la mencionada cadena ha precisado oficialmente que “Ugaz no ha formado parte de la producción del programa ni ha tenido ninguna injerencia sobre los aspectos editoriales del mismo”). Pero en una ocasión anterior la había ya demandado por presunto falso testimonio.

A esa pasada denuncia hay que agregarle la que presentó en su momento el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren (también por difamación agravada y que acabó en desistimiento), la que les entabló Edgardo Palomino Martínez a ella y otras personas por la supuesta pertenencia a una organización criminal dirigida por la exalcaldesa de Lima Susana Villarán; y ahora, la del director del portal web La Abeja, Luciano Revoredo (una vez más por presunta difamación agravada).

La posibilidad de que tales denuncias terminen en sentencia es opinable, pero lo que no admite discusión es el efecto perturbador que pueden tener en la disposición al trabajo de la periodista. “Realmente sí se vuelve una carga emocional, económica, y no solo para mí sino para mi familia y mi trabajo. No tengo la tranquilidad para centrarme en mis proyectos”, ha comentado Ugaz, quien sintomáticamente está en el esfuerzo de publicar un libro sobre los mencionados negocios asociados a determinados miembros del SVC. Felizmente, ha aclarado que, si bien le han ‘descuadrado’ la vida en general, ella seguirá adelante con la investigación que se ha propuesto.

No sorprende, por eso, que tanto el Consejo de la Prensa Peruana como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú hayan expresado su preocupación por lo que está ocurriendo. La primera de esas instituciones, en particular, ha hablado de una “sistematizada campaña de hostigamiento” contra la periodista.

Nadie puede pretender, por supuesto, que si las difamaciones hubiesen existido, estas no fuesen puestas en evidencia y sancionadas. Pero la oportunidad y el escalamiento de estas demandas, supuestamente inconexas entre sí, sugiere que aquí estamos ante algo distinto. Cuando se quiere evitar una denuncia incómoda, en efecto, con frecuencia se opta por denunciar al denunciante, como un modo de intimidarlo.

¿Es eso lo que está ocurriendo en este caso? Cada quien se puede formar una opinión al respecto y, a la larga, el tiempo dará una respuesta definitiva. Pero la ocasión es propicia para insistir en un argumento que hemos formulado antes desde estas páginas. A saber, el de que los llamados delitos contra el honor y la reputación de las personas no tengan como sanción última la pena privativa de la libertad, sino el pago de una multa y la reparación pública de los agraviados.

Esto porque, bajo el esquema actual, lo que tenemos es muchas veces un mecanismo para amedrentar a los hombres de prensa y apartarlos de las investigaciones y destapes que persiguen, y que funcionan con frecuencia como una voz de alarma para toda la ciudadanía frente a problemas o crímenes que, de otra manera, pasarían inadvertidos o quedarían impunes.

Las denuncias dictadas por ese afán no deben prosperar y, para lograrlo, todos los comprometidos con la difusión cotidiana de las noticias tenemos que permanecer vigilantes.