Editorial: Los descontroles del Contralor

Desde que fuera designado contralor general de la República hace poco más de dos meses, Édgar Alarcón ha ganado la atención de la prensa y la crítica de muchos sectores, especialmente, el sector público.

Como se recuerda, apenas a unos días de asumir el cargo, Alarcón fue calificado de ‘novato’ por el entonces ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, tras haberse enterado a través de un programa de televisión de los reparos que la contraloría había efectuado en relación con supuestas irregularidades en la adquisición de patrulleros para la policía. Luego vinieron las críticas de Pro Inversión por las conclusiones de la auditoría sobre la línea 2 del metro de Lima, en la que la contraloría encontró irregularidades que –en palabras de Alarcón– “evidencian corrupción” e implicaban a 23 funcionarios.

Por supuesto que no debe causar extrañeza que las entidades y funcionarios supervisados dirijan ciertos reproches al fiscalizador de turno. El activismo mostrado por el señor Alarcón, sin embargo, tiende a asemejarse más bien a un afán de protagonismo tan inusitado como innecesario, al extremo de asumir roles que no encajan dentro de su competencia. En efecto, en una reciente entrevista publicada en “Perú 21”, el contralor afirmó que los servidores públicos “no están acostumbrados a que se les oriente” y que por ello le “han dicho policía, copiloto” cuando desde su entidad buscan convertirse “en gestores”.

Lo que pareciera olvidar el señor Alarcón es que él no ha sido designado para ser un ‘gestor’ ni ‘orientador’ de las instituciones públicas que supervisa –labores que, de ser el caso, irían en detrimento de la autonomía de dichos organismos–. Como su rótulo lo indica, y la Constitución y las leyes desarrollan, su función es la de controlar el uso correcto de los recursos estatales, y no suplantar en la tarea decisora a los funcionarios correspondientes al interior de cada entidad.

Bajo el enfoque que propone el contralor Alarcón, no debería sorprender que los funcionarios encargados de ejecutar el gasto público y de promover proyectos de inversión pública queden sumidos en el letargo, desmotivados a tomar decisiones que podrían acarrearles responsabilidades civiles, administrativas o penales, si es que acaso no coinciden con el criterio de la contraloría. Así las cosas, y en un contexto en el que es necesario reactivar la economía, dicha institución podría terminar por convertirse precisamente en uno de esos obstáculos que el gobierno se ha comprometido a destrabar.

El activismo del contralor, por otra parte, no se ha agotado en sus declaraciones a la prensa ni en las observaciones a recientes compras públicas y proyectos de inversión. Adicionalmente, esta semana remitió al Congreso un paquete con 12 proyectos de ley que, según indica en su misiva, buscan “fortalecer el control preventivo” y “mejorar las herramientas” en la cruzada contra la corrupción. Este paquete, sin embargo, incluye algunas medidas cuyo costo largamente podrían exceder los beneficios que persiguen.

Así, por ejemplo, está el proyecto que extiende la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos y rentas ante la contraloría a todos los servidores públicos que ganen al mes más de 1 UIT (S/3.950). Ello sin reparar en cuántos de los más de 1 millón 400 mil funcionarios estarían supeditados a dicha obligación, ni el costo que implicaría solo en papeleo que miles de trabajadores –sin importar su cargo o su capacidad de gasto de dinero estatal– tengan que presentar dichas declaraciones y que estas sean revisadas por la contraloría.

También se puede comentar la propuesta para prohibir que las personas y empresas que hayan aportado más de 10, 15 o 25 UIT a un candidato ganador (en elecciones de gobiernos locales, regionales o generales, respectivamente) puedan contratar con el Estado. Una acción que si bien apunta a evitar posibles conflictos de interés, seguramente terminará por incentivar canales alternos –testaferros o empresas fachada– haciendo menos transparente y más informal aun el financiamiento político.

En fin, conocidos el nuevo enfoque y las nuevas propuestas del señor Alarcón, lo más prudente sería pedirle un poco de autocontrol al contralor, y que reserve sus energías para dedicarse exclusivamente a la misión que le ha sido encomendada.