Editorial: Desnormalizar la violencia

“No lo justifico, pero el cobro del peaje es un abuso”. “No es la mejor forma de protestar, pero hay que entender que la población está en contra del peaje”. “Si lo único que vemos es la oficialización de la coima, esas expresiones de violencia están totalmente fundamentadas”… fueron algunos comentarios representativos de la posición de algunos ciudadanos frente a lo ocurrido el jueves pasado, cuando una turba de limeños bloqueó la Panamericana Norte y quemó cuatro garitas de control de un nuevo peaje construido por la empresa concesionaria Rutas de Lima.

La instalación de este nuevo peaje está prevista en el contrato de concesión, que fue suscrito el 2013 por la entonces alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) Susana Villarán y la empresa Rutas de Lima. Y si bien resulta razonable reclamar por qué ambas partes no previeron la existencia de vías alternas para que los vecinos de la zona entren y salgan de sus viviendas sin pagar un peaje, nada justifica que algunas personas hayan recurrido a actos de violencia para gestionar sus intereses frente a las autoridades.

Se trata, lamentablemente, de un modus operandi que se ha convertido en un emblema en el país, gracias a las constantes concesiones otorgadas por los gobiernos pasados frente a la violencia en las protestas, y que han terminado logrando que en todo el país, desde Saramurillo hasta Puente Piedra, se arraigue la percepción de que el uso de la fuerza es la herramienta más efectiva para lograr lo que se desea.

No se trata, como podrían creer algunos, de “criminalizar la protesta”, puesto que la protesta, en sí misma, nunca debería ser violenta. Sino, más bien, de empezar a desnormalizar la violencia. Quemar llantas y propiedad privada, lanzar piedras a vehículos y viviendas, secuestrar a policías, no es protestar; es atribuirse indebidamente el derecho a usar la fuerza, cuyo monopolio nuestra Constitución otorga al Estado. Lo acontecido en Puente Piedra es un delito, y las actuales autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público tienen la oportunidad –y la responsabilidad– de empezar a romper el nefasto ciclo de impunidad.

Mención aparte amerita la intervención en este asunto del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien días antes de los hechos aquí comentados, había advertido del problema que enfrentaban los vecinos de la zona, pero el tenor de sus expresiones poco hacía para apaciguar los ánimos y arribar a una solución. “Lo que está ocurriendo es un claro abuso de posición de dominio” y “no hay razón que justifique un incremento desproporcionado del peaje” fueron algunas de las temerarias declaraciones del titular de la defensoría, evidenciando, por un lado, una errada concepción del término ‘abuso de posición de dominio’ y, por el otro, una pobre comprensión de la lógica contractual, pues un derecho expresamente pactado (como el incremento de un peaje) no puede considerarse desproporcionado. 

Todo lo anterior, desde luego, no impide que tanto la MML como Rutas de Lima tomen acciones consensuadas para atender el reclamo de los vecinos de la zona quienes tienen que pagar S/5 cada vez que quieran ingresar o salir de sus viviendas. Todos los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse en contra de decisiones estatales con las que no están de acuerdo, pero en un Estado de derecho esas decisiones tienen que ser respetadas y, en todo caso, cuestionadas por las vías legales previstas para ello. Y deberíamos reacostumbrarnos a que esa sea la situación normal.