Editorial: Dignidad derramada

Si no hubiese sido por el cambio de primer ministro y la elección del presidente del Congreso, Petro-Perú habría sido el principal objeto de discusión pública esta semana. 

Por un lado, en estos días se difundieron las consecuencias del terrible derrame de petróleo que protagonizó la empresa a fines de junio. Se estima que se habrían derramado alrededor de 10.000 barriles de crudo en 2 hectáreas de la selva y que ello habría afectado a unas 500 personas y destruido áreas naturales. Como si eso no fuese suficiente, según un reportaje del programa “Panorama”, Petro-Perú habría contratado para limpiar la zona a menores de edad, a los que para colmo no les habría proporcionado los elementos de seguridad necesarios para esta tarea. El cuerpo de un muchacho de 17 años enteramente cubierto de petróleo que todos vimos por televisión es una imagen suficientemente elocuente para mostrar el nivel de negligencia que se maneja en la compañía estatal.

Por otro lado, el ministro de Energía y Minas anunció el lunes que el directorio de Petro-Perú sería reemplazado. El derrame de petróleo fue la gota que derramo el vaso, pero ya habían varios otros cuestionamientos a su gestión. El ministro, de hecho, fue enfático en señalar que “el actual directorio no está cumpliendo los objetivos de la empresa”. Aquellas fallas, sin embargo, no fueron óbice para que el año pasado los directores de la empresa aprobasen el aumento de sus sueldos (el presidente del directorio pasó a ganar de S/.15.600 a S/.54.600, algo que no sería problema si se tratase de funcionarios que lo merecen), cosa que además no se informó al Estado, el principal accionista. La medida, una vez que salió a la luz, fue tan criticada por la opinión pública que el directorio tuvo que dar marcha atrás. Y a todo esto se le suman otros actos cuestionables, como haber gastado US$354 mil para usar la imagen del futbolista Paolo Guerrero en la publicidad de la empresa.

Los tropiezos de Petro-Perú son los típicos de una empresa estatal: ineficiencia e irresponsabilidad. Es natural, después de todo, que los funcionarios de este tipo de compañías adquieran estos vicios ya que saben que el gobierno –es decir, nosotros los contribuyentes– siempre estará ahí para pagar por sus errores. 

No debería sorprender que las empresas públicas tiendan a funcionar tan mal, pues el suyo es el mundo al revés: cuando funcionan mal, en vez de quebrar, reciben más dinero. Es, de hecho, lo que ahora está sucediendo con Petro-Perú. Las recientes pruebas de su ineficiencia no han llevado al gobierno a acotar sus funciones y su presupuesto sino todo lo contrario. El ministro Mayorga ha declarado que el nuevo directorio deberá buscar expandir sus actividades y recientemente el presidente Humala inauguró el proyecto de modernización de su refinería en Talara. Un proyecto donde el Estado garantizará por US$1.000 millones a Petro-Perú, a pesar de que no se demostró que fuese rentable ni económicamente más conveniente que importar petróleo refinado.

A todos estos problemas se les suma la baja probabilidad de que el Estado sancione a Petro-Perú por el desastre ambiental causado y por emplear trabajo infantil en las labores de limpieza. Por más que los ministros de Ambiente y Trabajo hayan declarado que se le multará si lo merece y por más que el OEFA cuente con personal profesional y de alto nivel, la historia demuestra que el Estado no mide a las empresas públicas con la misma vara que a las privadas cuando se trata de fiscalizar sus obligaciones. Ahí están, por ejemplo, las empresas estatales de agua y saneamiento. Según un informe de la ONG Contribuyentes por Respeto, ellas son de las que más contaminan: solo tratan el 31,5% de las aguas servidas y el resto lo vierten en el medio ambiente en un volumen que permitiría llenar la Vía Expresa 47,46 veces por mes. Y el Estado nunca se ha molestado en sancionarlas.

Lo más probable es que Petro-Perú no reciba más que un jalón de orejas, pues se trata de la empresa engreída del presidente. Según él, ella representa “la dignidad nacional”. Y ¿cómo alguien se atrevería a multar a la “dignidad” de este país?