Doble elección

La seguidilla de renuncias a bancadas y sutiles reacomodos que se han vivido en las últimas semanas en los pasillos legislativos no debería sorprender a nadie. Después de todo, no ha habido, en la historia reciente, una elección de Mesa Directiva del Congreso de la República más significativa que la que se debate en estos días.

Son dos los motivos centrales. El primero es que la atroz administración del presidente Pedro Castillo necesita de un contrapeso político capaz de limitar el daño y preservar la institucionalidad del país. El momento político demanda hoy del Legislativo niveles de agilidad, responsabilidad y muñeca política extraordinarios. Y la Mesa Directiva, por supuesto, tiene un rol clave que jugar ahí. La segunda razón es que, dada la fragilidad del actual gobierno y la precaria situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien sea elegido presidente o presidenta del Congreso tiene buenas chances de convertirse en el próximo presidente de la República para un período de transición.

La elección de la Mesa Directiva, por otro lado, es solo el punto de partida de un necesario esfuerzo, largo y diligente, para rescatar la imagen de los parlamentarios. De hecho, quien logre reemplazar a María del Carmen Alva al frente del Congreso tendrá la cancha cuesta arriba. De acuerdo con la encuesta de El Comercio-Ipsos publicada ayer en este Diario, un 79% de la población desaprueba la labor de los legisladores. Eso pone el rechazo del Congreso cinco puntos porcentuales por encima de la desaprobación al presidente Castillo. A casi un año de gobierno, si el hecho de concitar menos aprobación que un mandatario plagado de denuncias y patente incompetencia no hace reflexionar a los congresistas sobre su propia fragilidad, nada lo hará.

El Congreso necesita, pues, de un nuevo comienzo. Quien lidere el Legislativo deberá ser una figura con suficiente credibilidad y manejo como para fortalecer el trabajo interno de la institución y, a la vez, su percepción frente a la ciudadanía. Bajo esa perspectiva, los dos partidos que aspiran a ocupar el máximo lugar de la Mesa Directiva tienen serios cuestionamientos. Alianza para el Progreso (APP), partido que entiende le corresponde la Mesa Directiva por un acuerdo formulado el año pasado con otros partidos de oposición, ha tenido una actitud ambivalente frente a los errores y omisiones del Ejecutivo. Más aún, las recientes renuncias a la bancada de la exfiscal Gladys Echaíz y de –increíblemente– Héctor Acuña, hermano de César Acuña, lo pintan como una agrupación cuya prioridad debería ser quizá resolver sus propios líos internos antes de aspirar a dirigir un poder del Estado.

Por otro lado, Acción Popular ha mostrado una actitud aún más próxima al gobierno: un análisis de la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData) encontró que AP es una de las tres bancadas con más votos a favor del oficialismo. Al mismo tiempo, el partido de la lampa no ha terminado de despercudirse de las acusaciones de corrupción en contra del grupo de congresistas llamados ‘Los Niños’. No sorprendería, finalmente, que esta bancada decidiese romper filas con la oposición y unirse al oficialismo en la búsqueda de una Mesa Directiva afín al gobierno.

Y lo mismo se podría decir de bancadas que se han mostrado melifluas con el Ejecutivo, como Podemos Perú y Somos Perú, que también podrían tener espacios en algunas fórmulas para la Mesa Directiva.

Sería absurdo –e irresponsable– minimizar los errores que ha tenido el Congreso durante su primer año de mandato. Sus cifras de desaprobación ciudadana están a la vista de cualquiera. Y no todos sus vicios y limitaciones se corregirán con una nueva Mesa Directiva. Sin embargo, el Legislativo –a diferencia del Ejecutivo– tiene la oportunidad de redimir parcialmente su imagen con una nueva cabeza libre de suspicacias y capaz de lograr un contrapeso efectivo al gobierno. Como nunca antes en la historia reciente, de esta elección depende mucho más de lo que parece a primera vista.