El Congreso, nuevamente contra los medios

En medio del ruido de una coyuntura signada por la crisis política y el azote de la naturaleza un proyecto de ley que continúa su curso en el Congreso de la República ha pasado desapercibido. Nos referimos a la iniciativa presentada por el legislador Álex Flores (Perú Libre) en mayo pasado y que este mes ha sido aprobada en la Comisión de Cultura, por lo que, sumado al visto bueno que había recibido de la Comisión de Transportes y Comunicaciones el último noviembre, ya ha quedado lista para ser revisada en el pleno.

La propuesta, sin embargo, merece mayor atención de la que ha venido recibiendo, tanto por su contenido en sí como porque confirma la tendencia de la actual representación nacional de impulsar cambios legales que puedan afectar el trabajo de los medios de comunicación. Esta vez, la excusa es la promoción de la cultura peruana, un fin a todas luces loable, pero que se busca conseguir en detrimento de la libertad de la que gozan los medios radiales y televisivos para elegir sus contenidos y bajo amenaza de que la licencia que les permite operar sea revocada.

En apretada síntesis, el proyecto y los dictámenes elaborados sobre la base de este buscan modificar dos leyes que ya fijan porcentajes mínimos de producción nacional y difusión de contenido cultural en las empresas de radiodifusión (es decir, radio y televisión) públicas y privadas. La primera de ellas, la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, establece actualmente que “las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán destinar no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana”. Mientras que la segunda, la Ley de Radio y Televisión, estipula que estas empresas “deberán establecer una producción nacional [no necesariamente de temas culturales] mínima del 30% de su programación […] en promedio semanal”.

Pues bien, entre otras modificaciones, el Congreso busca elevar el porcentaje de la programación destinada a la difusión de contenido cultural del 10% actual al 30% (en el caso de la Comisión de Cultura) y al 40% (en el de Transportes); que dicho porcentaje debe ser, además, de producción nacional y cubrirse todos los días y ya no durante la semana; que una parte de este, además, esté reservado a la “música nacional emergente” (que ni en los dictámenes ni en el proyecto original se precisa qué es); y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgue o renueve licencias solamente a aquellas empresas que acrediten que cumplen estas disposiciones. Se trata, en suma, de cambios legales que afectarían no solo la libertad de las estaciones de radio y televisión de elegir su programación diaria, sino que le darían al gobierno de turno, a través del MTC, una herramienta con la que hoy no cuentan para revocarles o denegarles la licencia a estos medios.

Por todo lo anterior, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ha calificado esta iniciativa como una que “pretende consumar el control de los medios de comunicación mediante la imposición de cuotas de contenido” y cuyo “objetivo real es promover la suspensión y/o cancelación de las autorizaciones de las empresas de radiodifusión”.

Como dijimos líneas arriba, asimismo, este emprendimiento del Congreso también es grave tomando en cuenta el contexto en el que viene avanzando; uno en el que se han venido tramitando dos iniciativas lesivas a la libertad de prensa en diferentes instancias parlamentarias. La primera de ellas, que busca limitar el trabajo periodístico a los que tienen el título de periodistas y están inscritos en el colegio de la profesión. Y la segunda, que apunta a endurecer las penas por difamación.

Ahora, apelando a la necesidad de promover la cultura nacional y de apoyar a quienes trabajan en este rubro so pretexto del golpe que significó para ellos la pandemia del COVID-19, el Congreso viene cocinando otro proyecto más contra los medios. El país tiene que tomar nota de estos intentos poco desembozados por afectar a quienes justamente vienen informando sobre las trapacerías y frivolidades de los parlamentarios.