El gremio más grande

El Perú, se sabe hoy de sobra, no es un país que goce de una institucionalidad robusta. Y si bien los sospechosos comunes de esta debilidad endémica suelen hallarse en el sector público –Congreso, gobiernos regionales, Poder Judicial, etc.–, lo cierto es que el sector privado tampoco está libre de culpa. Entre otras falencias, su desorganización y ausencia de agenda para el desarrollo del país han sido constantes.

Algo de eso pareció cambiar –siquiera brevemente– el viernes pasado. Casi 200 instituciones representantes del sector productivo se unieron en un evento público para expresar sus preocupaciones respecto de la ruta que impulsa la administración del presidente Pedro Castillo. La riqueza de la sesión no estuvo únicamente en el contenido de las alocuciones, sino, quizá sobre todo, en la diversidad de la convocatoria. En el mismo estrado figuraron desde grandes gremios basados en la capital, como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima, hasta asociaciones de pequeños productores artesanales o agrarios, pasando por aproximadamente 50 cámaras de comercio de fuera de Lima.

El mensaje fue contundente: mientras el país atraviesa un momento delicado en su proceso de recuperación luego del colapso económico del 2020, las acciones del Gobierno están socavando la posibilidad de las empresas de todo tamaño de crear empleo y mejores ingresos. “Exigimos las condiciones necesarias a fin de generar empleo, lograr la seguridad alimentaria, garantizar la atención a la salud y la seguridad ciudadana, que permitan el bienestar de todos los peruanos y peruanas”, señala el comunicado de los grupos productivos, y continúa indicando que se necesita “fomentar un clima de estabilidad para atraer inversiones que generen trabajo en todas las regiones del país”. Algunos empresarios fueron más allá. Román Miu, coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, por ejemplo, indicó que la cantidad de ambulantes ha crecido porque “los formales que éramos hemos tenido que regresar a nuestros orígenes”.

La iniciativa tampoco rehuyó a un punto de controversia actual: la asamblea constituyente propuesta por el Gobierno a través de una reforma constitucional. De acuerdo con los empresarios, este proyecto no solo no solucionaría los problemas que aquejan al país, incluyendo la calidad de los servicios públicos, sino que “su solo anuncio” perjudica la inversión y el crecimiento económico.

Una de las ventajas de haber obtenido una adhesión tan nutrida de sectores productivos es que difícilmente puede el Gobierno descartar el mensaje como uno que proviene de lo que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, suele llamar la “ultraderecha”. La preocupación del empresariado, desde la pequeña bodega hasta la gran corporación, tiene poco que ver con asambleas constituyentes y mucho que ver con el incremento de precios, el deterioro de los servicios públicos y la sensación de pesimismo que se asienta sobre sus clientes con el paso de las semanas. El mensaje del viernes, de hecho, fue tan directo y elemental que incluso este gobierno debería estar en la capacidad de asimilarlo.

Finalmente, la unión a favor de la democracia y la estabilidad que lograron esta semana asociaciones empresariales que no siempre comparten la misma mesa o los mismos intereses es un ejemplo para otros sectores. Organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y, sobre todo, grupos políticos harían bien en tomar nota. Hoy las circunstancias demandan la confluencia de todos los actores dispuestos a sacrificar atención sobre sus agendas individuales para ponerse al servicio de los intereses del país.