Editorial El Comercio

El martes, en horas de la noche, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones () emitió una resolución en la que finalmente dispuso lo que distintas organizaciones políticas le habían estado demandando: ampliar el plazo de solicitud de inscripción de listas de candidatos para las municipales y regionales de octubre. El plazo, como se sabe, se vencía originalmente ese mismo día a las 11:59 p.m., pero ahora, en virtud de lo establecido en la mentada resolución, se ha extendido hasta mañana viernes.

La extensión fue el corolario de un largo pulseo entre el JNE y varios partidos que alegaban que el sistema para cumplir con el registro virtual presentaba constantemente problemas que harían imposible inscribir todas las candidaturas a tiempo. Somos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y el Partido Morado expresaron a lo largo del día quejas en ese sentido, pero solo obtuvieron respuestas en las que, en buena cuenta, se les trasladaba la responsabilidad a ellos. Para los voceros de la institución en cuestión, al parecer, la apremiada situación era consecuencia de la inveterada costumbre que existiría en los partidos de hacer todo a última hora.

La sola circunstancia de que el JNE terminara allanándose a la demanda de los conglomerados políticos constituye, sin embargo, una admisión implícita de que los problemas existían. Y en el comunicado en el que se dio a conocer la decisión se puede detectar claramente las señas de esa admisión.

Entre los motivos sugeridos en el texto para la ampliación del plazo se cuenta, por ejemplo, una referencia al hecho de que el proceso de inscripción “por primera vez se realiza en el Perú totalmente virtualizado” y en múltiples casos desde “remotas localidades con dificultades de conexión”. Dos datos que pueden ser ciertos… pero que el JNE tenía que conocer de tiempo atrás y que, por lo tanto, no justifican el cambio de fecha. Si la institución era consciente de esas dificultades, debía haber tomado las previsiones para solucionarlas desde mucho antes y no a última hora.

En el comunicado se anota también que los partidos “vienen cargando archivos en formatos pesados”: algo que no solo era previsible, sino que no debería impedir la inscripción. El sistema tenía que estar preparado para funcionar aun bajo esas condiciones difíciles y, como es obvio, no lo estuvo.

El JNE, no obstante, evita reconocer abiertamente sus fallas y declara que el plazo se ha extendido “en pro de la participación política”. Un argumento que, en última instancia, podría invocarse cada vez que se vence un plazo de esta naturaleza y que, precisamente por eso, ha levantado voces de protesta en partidos como el PAP y el PPC. Esas organizaciones no pudieron inscribir buena parte de sus listas parlamentarias para las elecciones del 2021 dentro del plazo establecido y sufrieron las consecuencias.

Por supuesto, esta decisión del JNE parece consecuencia de una falta de previsión que, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene entre manos en un año electoral, es sencillamente inadmisible. Hay que añadir que el laberinto argumentativo en el que el comunicado que glosamos se enreda no ayuda. Deja ver, más bien, el intento de disfrazar una actitud tozuda que solo fue depuesta para evitar un escándalo que podía terminar manchando todo el proceso electoral de octubre.

No está dicho, por último, que con la ampliación del plazo el problema haya desaparecido. ¿Qué pasaría, en efecto, si el sistema siguiera fallando? Eso lo sabremos sin duda en los próximos días. Pero con lo sucedido hasta el momento ya hay razones para no dejar pasar este desaguisado por agua tibia.

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