Editorial: El Ministerio del Exterior

Ayer, el ministro del Interior, Carlos Morán, sorprendió al dar un anuncio insólito durante una entrevista. En esta, el ministro dio a conocer que la policía creará una brigada especial concentrada en delitos cometidos por extranjeros.

“Acá hay que puntualizar bien”, sustentó Morán, “de que el fenómeno de la delincuencia criminal, que se visibiliza más en estos tiempos, no necesariamente tiene un componente extranjero, ¿no? Pero sí hemos sido testigos todos de que la presencia de extranjeros, principalmente venezolanos, en los últimos casos que han generado noticia y conmoción entre la población, ha permitido que la policía pueda conformar estos grupos especiales que en el pasado y en el presente han tenido cierta relevancia”, agregó. Y citó, como antecedentes de éxito, a la Diviac y hasta al GEIN, “que se formó para atacar un fenómeno delictivo que en ese momento era muy vigente”.

A renglón seguido, además, el representante del Ejecutivo matizó sus palabras recalcando que eran conscientes de que “han llegado al país miles de migrantes venezolanos con el ánimo de buscarse un mejor futuro”. “Pero también han llegado delincuentes que desprestigian a la comunidad venezolana […] sabemos que hay bandas de venezolanos que están involucrados en crímenes, en sicariato, en proxenetismo, y la naturaleza de esta brigada especial es traer a los mejores elementos investigadores”, remató.

A primera vista, uno podría, tras darle algunas vueltas, encontrarle cierta lógica a las intenciones del ministro. Después de todo –podría argüirse– las organizaciones criminales formadas por extranjeros contienen algunas particularidades que justificarían una atención especial (por ejemplo, la posibilidad de que cuenten con contactos internacionales).

Si el ministro Morán quisiera defender sus declaraciones apoyándose en esto último, sin embargo, chocaría con un gran escollo: él mismo. En efecto, si la amenaza que el titular del Interior dice enfrentar es de tal envergadura que amerita la creación de un grupo especial dedicada a esta, ¿qué necesidad había de ventilar su existencia públicamente? ¿No es, por decir lo menos, imprudente alertar a los supuestos perseguidos de que se está yendo tras ellos?

En este caso, además, existe un riesgo adicional al de dejar expuesta la estrategia policial: el de diseminar entre la ciudadanía la peligrosa noción de que ciertos delitos ominosos –como la trata de personas o el sicariato– están ligados a quienes vienen del exterior y, en concreto, a los migrantes venezolanos. Una idea no solo errada, sino también temeraria, pues, como hemos dicho antes, la gran llegada de ciudadanos del país caribeño al Perú ha despertado en los últimos tiempos una xenofobia rancia y tribal incompatible con una democracia como la que afirmamos proteger.

Por lo demás, nunca se había escuchado a un ministro del Interior publicitar la creación de una división dedicada a tamizar los crímenes por nacionalidad y no por delito. Y los ejemplos de la Diviac y el GEIN mencionados por el señor Morán son incomparables: el primero se creó para perseguir el crimen organizado, mientras que el segundo buscó desmantelar el accionar terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA. Ambos se enfocaron en perseguir a quienes rompían la ley sin detenerse a mirar el color de los pasaportes de los criminales.

¿Por qué el ministro del Interior, entonces, se muestra tan preocupado por el crimen exterior? En realidad, todo parece indicar que busca ganarse el aplauso fácil de quienes creen que cerrando el paso a los migrantes se corregirá instantáneamente el problema de la seguridad ciudadana en el país. Más aún, tratándose del mismo ministro que ha aparecido varias veces ante las cámaras ‘supervisando’ la expulsión de ciudadanos extranjeros que infringieron la ley; algo que otros funcionarios efectuaron sin tantos remilgos.

Las sanciones para quienes quiebran la ley, decimos, se aplican de manera individual. Extender la sospecha a todo un colectivo centrándose en un aspecto como su procedencia es imprudente; y hacerlo, además, para obtener réditos políticos es repudiable.