Con 2.954 casos confirmados de coronavirus, 107 fallecidos y 490 personas hospitalizadas (109 de ellas en cuidados intensivos), la pertinencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia en el país ha quedado demostrada. Es un hecho, y lo confirman los expertos, que de no haberse impuesto una cuarentena obligatoria de manera oportuna nuestro sistema de salud habría colapsado en poco tiempo, golpeado por un incontrolable tifón de víctimas del COVID-19.
Sin embargo, el Perú cumple hoy 24 días en estado de emergencia y el peso de este tiempo está empezando a afectarnos. El estrés al que están siendo sometidas la economía y la ciudadanía nos recuerda que el remedio del encierro tiene un límite. Y aunque es innegable que la prioridad ante esta crisis tiene que ser preservar la salud de todos los peruanos, no podemos perder de vista que nos estamos acercando a un punto en el que la reanudación de la actividad productiva nacional es también una cuestión de supervivencia.
Las limitaciones del aislamiento social obligatorio se reflejan nítidamente, así, en las personas que, a pesar de entender los peligros que plantea el coronavirus, se ven obligadas a salir de sus casas a ganarse el día. Otras, frente a los endurecimientos de las restricciones de movilidad, son impulsadas a proveerse de recursos para enfrentar el encierro, generando acumulaciones de gente en los mercados. Empresas de todo tamaño han empezado a ver con preocupación el futuro y cada vez se hace más probable que los empleos de muchos más peruanos estén en riesgo.
Es por ello que, si bien es necesaria la disciplina de la población para acatar la cuarentena, como mencionó el presidente Martín Vizcarra en su conferencia de prensa del lunes, también lo es que el Ejecutivo trabaje intensamente para procurar que el aislamiento se extienda lo estrictamente necesario. Si mañana se decidiese prorrogar las medidas vigentes, cada día tendrá que valer para alcanzar, lo antes posible, versiones menos draconianas de las disposiciones que rigen actualmente.
Esto, sencillamente, no se puede lograr si no se cumple la meta trazada por el ministro de Salud de llegar a realizar 12.000 pruebas de diagnóstico diarias. Saber dónde está y a quiénes está afectando el virus es clave para poder focalizar de manera certera la tanda de restricciones que vayan, eventualmente, a suplantar el aislamiento total. Ello pasa, por ejemplo, por ampliar la base de personas que el Minsa decide examinar, como las personas sospechosas de ser portadoras asintomáticas del coronavirus.
No obstante, la manera en la que se han venido realizando los test en las últimas semanas parece sugerir que no va a ser tan fácil para el Poder Ejecutivo alcanzar lo que se ha propuesto. La cantidad de pruebas hechas hasta ahora ha sido bastante irregular. Aunque ayer hemos cumplido el tercer día consecutivo con más de mil pruebas llevadas a cabo, el sábado solo se hicieron 507 y ello demuestra una falta de consistencia que, a estas alturas del partido, no podemos permitirnos.
Así las cosas, el Gobierno tiene la obligación de encontrar una fórmula que permita levantar la cuarentena apenas se pueda (o, en otras palabras, cuando los expertos consideren que hacerlo no desatará una emergencia epidemiológica), para permitir la reanudación de nuestra actividad productiva, y al mismo tiempo salvaguardar de la mejor manera la integridad física de los ciudadanos y las capacidades de nuestro sistema de salud. Es una tarea difícil, pero de cómo se lleve a cabo dependerá nuestro futuro.
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