Editorial: El populismo se contagia

Tal y como se anunció la semana pasada, el presidente Martín Vizcarra viene realizando una ronda de conversaciones en Palacio de Gobierno con casi todos los partidos que obtuvieron más del 5% de votos válidos en los comicios del pasado 26 de enero y que, por consiguiente, tendrán un espacio en el próximo Congreso (las únicas organizaciones que, hasta ahora, han declinado la invitación presidencial son Unión por el Perú y el Frepap).

El gesto, como dijimos ayer, no tiene nada de novedoso –suele ser una baza a la que recurren, por ejemplo, los postulantes a la presidencia del Consejo de Ministros cuando necesitan la venia del Parlamento para poder asumir el cargo– y, de hecho, ayuda a proyectar una imagen de apertura y conciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Lo anterior, sin embargo, no significa que se vayan a soslayar algunos de los puntos que se debaten en este tipo de conversaciones. Más aún cuando en estas se ponen sobre la mesa propuestas, en el mejor de los casos, destinadas a levantar algunos aplausos fáciles y, en el peor, peligrosas para la ciudadanía.

Esto último viene a colación precisamente tras conocer algunos detalles de la reunión sostenida entre representantes del Ejecutivo y los integrantes de la futura bancada de Alianza para el Progreso (APP), bancada que, con 22 escaños, será la segunda minoría del Legislativo, solo detrás de Acción Popular (25).

Según ha informado el virtual legislador Omar Chehade, APP le llevó una serie de propuestas al mandatario en el cónclave que sostuvieron dos días atrás, entre las que llaman la atención dos. La primera, en palabras del exvicepresidente, es “el apoyo directo de las Fuerzas Armadas [...] para derrotar a la delincuencia” (una opción que, en su momento, despertó simpatías también en el entonces candidato presidencial y líder de APP, César Acuña, durante la campaña del 2016). Y añadió que, para concretar su propuesta, pedirán que se declare “estado de emergencia en algunas ciudades” como Lima “durante un año”.

La segunda consiste en eliminar la inmunidad parlamentaria “totalmente”, en palabras de Chehade. Es decir, no reformularla para que una entidad independiente del Parlamento –como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional– pueda disponer su levantamiento, sino sencillamente abolirla. “Muerto el pavo se acabó la peste”, sentenció.

Sobre lo primero, es evidente que el problema de la inseguridad adquiere dimensiones imposibles de desdeñar. Según el INEI, el 26,8% de mayores de 15 años reportó haber sido víctima de un hecho delictivo entre mayo y octubre del 2019. Esto, que debería motivar cambios en el sentido del fortalecimiento de la policía, inversión en comisarías, mejor alumbrado público o coordinación rápida entre la PNP y el Ministerio Público, se arreglaría, según APP, con el plumazo de los fusiles en las calles.

Sacar a los militares a patrullar puede resultar atractivo para muchos ciudadanos. La verdad, sin embargo, es que en los países donde se ha aplicado esta medida, como Brasil o México, los crímenes no solo no se han detenido, sino que se han registrado serias denuncias de violaciones a los derechos humanos –reportadas por ONG como Human Rights Watch– que no han sido investigadas por los órganos jurisdiccionales, generando una sensación de impunidad.

Sobre lo segundo, a pesar de que el Congreso anterior fue pródigo en tergiversar la inmunidad parlamentaria para blindar a más de un legislador sentenciado por delitos ajenos a su función, es evidente que en algunos casos muy específicos –como cuando la labor de fiscalización de un parlamentario puede hacerlo objeto de denuncias– la inmunidad se convierte en una garantía imprescindible. Pedir que se abola por completo para sintonizar con la población es populismo.

Sería saludable, en fin, que el resto de bancadas que conformarán el hemiciclo y el Ejecutivo tomen con pinzas ambas propuestas de APP. Pues si de algo podemos estar seguros por lo visto en los últimos años es que el populismo se contagia con facilidad.