Editorial El Comercio

Ayer, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), anunció que el exministro del Interior será ante ese grupo de trabajo por las reuniones que sostuvo con Jorge Hernández Fernández mientras integraba el Gabinete. Como se sabe, el personaje en cuestión está investigado por su presunta pertenencia a una red de espionaje promovida por el expresidente , y lo que se habría tratado en tales reuniones habría sido la reubicación de altos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese momento, quien comandaba esa institución era el general , que, junto con su sucesor en el cargo, , es también investigado por sus presuntos vínculos con la organización criminal ya mencionada.

En esa medida, el hecho de que no se comprendiese hasta ahora a Senmache en pesquisa alguna era desconcertante, por decir lo menos. La posibilidad de que hubiese tolerado y hasta colaborado con una intromisión como esa –y protagonizada por un individuo con el perfil que se le atribuye a Hernández Fernández– es, sin lugar a duda, una circunstancia que tendría que haber encendido todas las alarmas hace tiempo. Llama la atención, no obstante, que en el Ministerio Público no parezcan tener hasta ahora las mismas inquietudes que en la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Es cierto que, en tanto exministro, quien tendría que abrirle la investigación a Senmache sería la fiscal de la Nación, pero eso no ha dado la impresión de ser un obstáculo para que la señora Patricia Benavides actúe en muchos otros casos.

En realidad, el propio Senmache ha declarado ante el Ministerio Público –pero en una indagación que no lo tiene a él como objeto– que, mientras se desempeñaba como ministro, se reunió con ‘El Español’. Ha sostenido, no obstante, que no lo conocía por ese sobrenombre y que fue solo una de las tantas personas a las que consultó sobre asuntos relacionados con su cartera. Como cualquier otro, semejante testimonio puede o no ser cierto, por lo que la necesidad de proceder con una investigación al respecto resulta más que evidente.

Recordemos, por otro lado, que meses atrás el exfuncionario que nos ocupa fue –con 78 votos a favor– por, entre otras cosas, los indicios de que habría facilitado –o cuando menos hecho de la vista gorda para permitir– la fuga de Juan Francisco Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones implicado en varios de los casos de corrupción que comprometían a diversos personajes del entorno de Pedro Castillo. Hoy esos indicios cobran especial relevancia, habida cuenta de la cantidad de información disponible sobre los esfuerzos que se hizo desde “adentro” para proteger tanto a Silva como al sobrino del ex jefe del Estado: el actualmente también prófugo .

En por este Diario, el exministro del Interior Rubén Vargas ha sostenido que el actual inquilino del penal de Barbadillo convirtió a Hernández Fernández en su ministro del Interior ‘de facto’, y la verdad es que hay razones para pensar que no exagera. Y si tal cosa hubiese efectivamente ocurrido, no existiría forma de que quienes nominalmente habían estado ejerciendo el cargo no se hubiesen enterado. En otras palabras, ‘El Español’ solo habría podido tener a su disposición el poder que se le atribuye si los responsables legales del portafolio del Interior hubiesen bajado la cabeza y se hubieran prestado a ello. ¿Cómo así, entonces, ha logrado Senmache ‘pasar piola’ y evitar ser colocado bajo la lupa, al igual que todos los otros personajes de mayor o menor jerarquía asociados a los turbios manejos que referimos?

No es fácil aventurar una respuesta. Pero ahora que finalmente parece que está por llegar su turno, es posible que lo averigüemos.

Editorial de El Comercio